Un proceso de disolución nacional

Carlos Santiago *

Tememos estar viviendo, sin afán de ser catastrofista, en un país a punto de ingresar en un proceso de disolución nacional. Lo que está ocurriendo a nuestro derredor, la desesperanza implantada en una población que no encuentra salidas para recomponer niveles de ingreso adecuados para una vida decorosa y, por supuesto, las políticas que el gobierno está llevando adelante, destinadas realmente a quebrantar los últimos atisbos de «lo nacional», hacen que pensemos en un futuro nada venturoso.

Todas las baterías del presidente Jorge Batlle están dirigidas a atacar las pocas cosas que funcionan en el país, como algunas empresas públicas –justamente las más rentables– y a seguir carcomiendo el mercado interno que, sin discusiones, es el que mantiene la actividad de la industria y el comercio que se realiza dentro de nuestras fronteras. Hemos manejado en alguna nota anterior cifras, extraídas de fuentes inobjetables, que confirman está afirmación. Las mismas están referidas a lo ocurrido en nuestro país en 1998:

Producción: 22.456 millones de dólares

Importación: 3.810 millones de dólares

Total de oferta de bienes: 26.266 millones de dólares

Mercado interno: 23.497 millones de dólares

Mercado externo: 2.769 millones de dólares

Total de demanda de bienes: 26.266 millones de dólares

Esta realidad incontrastable, demuestra que nuestro mercado interno, quizás irrelevante en el ámbito global, es el que mantiene la economía del país. Su destrucción, además de ser una lamentable consecuencia de un sectarismo ideológico (o más bien obsecuencia), vinculado a los «consejos» de los organismos de crédito internacional, tiene como resultante la situación que estamos viviendo todos los uruguayos que hemos creído en que el camino de la política estaba destinado a mejorar la situación de nuestra gente, de los uruguayos que viven y trabajan en este territorio. Esos 3 millones de personas que, pese a la potencial riqueza que tiene el país, deben pagar la afrenta de una desocupación abierta del 14 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de algo más del 23 % del total de la población que vive con alguna de las necesidades básicas insatisfechas, o sea, por debajo de la línea de la pobreza.

Se estima, además, que de ese 23 % de uruguayos, unos 300 mil pasan hambre, pues no pueden cubrir las mínimas necesidades de alimentación.

Entonces, ¿cuáles son los caminos que le quedan al país? Luego de la dictadura, cuando se concretó la mejora salarial para los funcionarios públicos, que fue acompañada por la de los trabajadores de la actividad privada, ese proceso de mejorar la capacidad de compra de la gente redundó en una notable reactivación de la economía. Lo ocurrido en los años 1986 y 1987 luego se repitió los años 1991 y 1992, cuando una reforma de la Constitución permitió un importante incremento de las jubilaciones y las pensiones.

Sin embargo, el gobierno en general y el ministro de Economía en particular, sostienen hoy la tesis de que se debe restringir el mercado interno y proclaman que no se deben aumentar los salarios públicos, «aconsejando» la misma política a los empresarios privados. O sea, palabras más palabras menos, reducir un poco más el mercado interno, lo que producirá otro proceso de achicamiento del país, de claudicación de nuestra economía en beneficio de intereses que no están dentro de nuestra frontera.

Por supuesto que las tesis oficiales no admiten el menor análisis, ya que con el achicamiento del mercado interno, que traerá aparejado otro descenso de la actividad, no reducirán el cuantioso déficit del gobierno central, puesto que en el marco del proceso propuesto se pagarán menos impuestos, achicándose la recaudación, haciendo inviable este Estado plagado de privilegios, con sueldos para un grupo muy importante de burócratas, que son similares a los del primer mundo.

Se afirma con algo de ingenuidad que la publicación en la página web de la Presidencia de la República, se trata de una «maniobra» presidencial para culpar a los actores de esa distorsión salarial de muchos de los males que nos aquejan. Puede ser que esa fuera la primigenia intención de los responsables (o el responsable) de hacer conocer esa información. Sin embargo, en definitiva, lo que muestran esas cifras, más allá de ellas mismas, es una grave transgresión ética que se ha venido produciendo en el país gobierno tras gobierno.

Durante la dictadura los militares desde el poder favorecieron, obviamente, a los uniformados que –recuerde el lector– en ese período tenían sueldos que superaban al resto de la administración pública. Luego, durante la reimplantación democrática, la ecuación comenzó a modificarse: burócratas de las empresas públicas, de los bancos estatales, comenzaron a multiplicar sus salarios con el falaz argumento que se planteaba una competencia con la actividad privada y que, en el Estado, debían quedar «los mejores». En ese camino de prebendas –por supuesto– quedaban atrás los sectores más débiles, con menos poder de influencia sobre los distintos gobiernos, como la Universidad de la República, los maestros y profesores vinculados a la ANEP, los policías, los trabajadores de Salud Pública, que nunca tuvieron capacidad de presión suficiente.

Junto con esa distorsión tan absurda como lamentable, el país hoy está pagando sueldos injustificables a unos y a otros, por obra y gracia del peso político de burócratas, que incluso en muchos casos cumplen funciones innecesarias.

En este punto hay que tener en cuenta las responsabilidades que existen en todo este dislate. El hoy presidente Batlle, en su pasado reciente, fue integrante de la coalición de gobierno, responsable de establecer estos montos salariales, superiores para un portero de un banco oficial que para un investigador del Instituto «Clemente Estable».

Estos salarios que se cobran en algunos sectores de la administración estatal –mantenidos extrañamente en reserva por casi todos los actores– son también un factor que contribuye a ese desánimo nacional, a esa falta de esperanza que sigue multiplicando el proceso emigratorio.

Estamos frente a un gobierno que sólo da señales negativas, que desreguló, además, el mercado laboral por la vía de los hechos, con la inacción del Ministerio de Trabajo que sigue alargando en el tiempo la posibilidad de que se cumplan con las leyes laborales. Todo ello culmina con un toque final: la decisión gubernamental de enajenar algunas empresas públicas, por supuesto (como el caso de Ancel-Antel), las que son más rentables para el país, con lo que se logrará que sus ganancias en lugar de volcarse en la actividad nacional, salgan del país.

Por ello, cuando hablamos de un proceso de disolución nacional, creemos no equivocarnos ni ir más allá de una realidad que todos estamos viviendo, algunos comprenden y otros magnifican.

Y nosotros no somos de los últimos.

* Periodista