Un gobierno de izquierda es inconstitucional

Las leyes que rigen nuestra convivencia tienen, además de texto, su «espíritu». Todos hemos escuchado sobre el famoso «espíritu de la ley». Conocerlo es lo que permite, en caso de dudas, interpretar correctamente las intenciones del legislador. La ley máxima, por supuesto, tiene su articulado y el «espíritu del constituyente» que le insufla ese halo de cosa misteriosamente infalible, intocable y sacra.

Por esom, nuestro Presidente afirma que «al margen de la Constitución nada». Sin embargo, a ningún gobierno se le ha señalado con más insistencia por apartarse, presunta y frecuentemente, de la Constitución.

Vale como ejemplo el impuesto a la renta aplicado a las jubilaciones, la creación del parlamento del Mercosur, algunos aspectos de las políticas energéticas y otras cosas que no acuden a mi mente en este momento. El avisado lector tendrá su propia lista de inconstitucionalidades.

Pero nadie parece haber advertido que, en realidad, un gobierno de izquierda en Uruguay es claramente inconstitucional. ¡Si la última reforma se hizo pura y exclusivamente para impedir eso!

¡Qué lección cívica nos ha dado Francisco Gallinal con sus últimas interpretaciones del espíritu de la Constitución y la necesidad de salvaguardad su virginidad!

El senador Gallinal afirmó que no se puede integrar la Corte Electoral como la Constitución manda, porque los partidos tradicionales tienen que mantener una mayoría que les permita impedir un intento reeleccionista de Tabaré Vázquez.

Qué fineza para interpretar el espíritu del constituyente. Por si a la izquierda se le ocurriera u ocurriese violar la Constitución (impulsando la reelección a lo Pacheco), la violan antes ellos. No integran nada la Corte Electoral y conservan un poder que las urnas no les otorgaron. ¡Flor de demócrata «El Pancho»!

Está bien. Porque el espíritu del constituyente, por lo menos desde la reforma naranja en adelante, fue concentrar el poder de los poderosos en un ejecutivo, sin mayores y molestos controles. Para que los personeros del capital nacional y/o extranjero estuvieran directamente representándolo y ejercieran la mejor custodia de sus intereses.

Antes, pero de eso nos acordamos algunos viejos nomás, regía el colegiado, el reparto del 3 y 2, con el que blancos y colorados construyeron el país que hoy tenemos.

Esta Constitución no fue pensada para que se impulsaran, bajo su amparo, cambios profundos y mucho menos anticapitalistas. La institucionalidad no está hecha, no fue pensada, para un gobierno de izquierda.

Pero así son las cosas. Un proceso profundo de cambios requiere también adecuaciones institucionales, para las que deben construirse los consensos mayoritarios necesarios.

Este debate es necesario y legítimo. Por eso hay tantos, tan nerviosos.

Aunque bueno es señalarlo, también desde la izquierda es tentador el uso y abuso de las prerrogativas de una carta magna «presidencialista». Y tentador es, para suprimir algunas discusiones conflictivas, acudir a las razones y las urgencias que emanan de ser gobierno. *