La delgada línea de la corrupción
Legal pero incorrecto. Quizá en esa sencilla frase se resuma uno de los mayores males políticos de nuestro tiempo. Judicializar la política, que es un enfoque de derechas, consiste en pretender que si se acusa y queda demostrado, pero no está tipificado como delito, entonces «no pasa nada». La mentalidad criolla está muy cerca de confundir las cosas, al punto de admitir que el uso del poder para hacerse rico -mientras no vayas preso- es «viveza».
De la legalidad vigente en nuestro país se ha escrito tanto… Mucho más se escribirá y seguramente nunca lograremos consensos absolutos.
Dentro de nuestra «legalidad» no basta con que un simple ciudadano señale que un político, salido de la mayor pobreza, tiene acumulada una fortuna que los cargos ocupados no justifican.
¿Se imagina el lector lo que puede pasar con un periodista que se atreva a preguntar por el patrimonio de algún Don Juan de los Palotes?
Se le pedirán pruebas, pero no podrá levantar secretos bancarios, ni tendrá acceso a estados patrimoniales que a lo largo del tiempo muestren la evolución de una fortuna personal. Imposibilitado de probar nada de lo que es evidente, terminará preso por «desacato por ofensa», «difamación e injurias», o por no querer quemar la bandera de la dignidad. Sin trabajo y más solo que Adán el Día de la Madre, eso es seguro.
El legendario legado de Luis Alberto de Herrera, el caudillo que murió pobre; o de Aparicio Saravia, el que puso los títulos de sus campos como garantía para financiar la revolución, son parte de un romanticismo político perimido.
Los caudillos de hoy más bien parecen seguir el principio enunciado por Adam Von Gutiérrez en su legendaria obra «El Patrimonio y el poder». «… hago lo que me conviene. Y trato de que los demás procedan de igual forma: hagan lo que me conviene». Vom Gutiérrez era un liberal de pura cepa.
Un economista, Nahuac Tec Ñacul, afirmaba que tres principios morales, leyes que regían la convivencia en su tribu, eran suficiente código. «No mentirás. No robarás. No serás haragán». Con eso basta dijo. Bueno, con eso y el respeto a las normas de propiedad común de tierras y agua. A lo que sumaba las costumbres ancestrales de solidaridad y trabajo comunitario… cosas simples.
No hace muchos años, miembros de una tribu vecina (a unos pocos miles de kilómetros hacia el norte) en aplicación de esta legalidad desterraron al «alcalde» del pueblo, que se quedó con bienes de la comunidad. El castigo por volver se sabía cuál era. El «jerarca» volvió, pretendiendo ocupar su cargo al amparo del ejército nacional y la comunidad lo mató a pedradas. Esa era «La ley», él lo sabía y se la aplicaron.
En nuestras adelantadas sociedades, con los contactos correctos, hacer buenos negocios es una «papa» y casi seguro que está amparado por la ley. Por algo será que se quiere derogar toda ley que posibilite sanciones.
Los Casinos municipales de Montevideo perdieron como 15 millones de dólares en cinco años. ¿Cuánto ganaron los que negociaron con ellos? Dice el informe final, que la Intendencia pasó a la Justicia, que no hay apariencia de delito, ni se puede individualizar persona alguna que los haya cometido. Los detalles son conocidos. Ha tenido muy amplia difusión aunque incompleta. Se omite en general que durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle se les quitó a los casinos municipales ese monopolio. Por aquellos años, la Intendencia intentó algunas medidas correctivas; entonces, blancos y colorados se opusieron en la Junta en la que perdieron. Sin embargo, impugnaron ante el Parlamento donde decidieron que esos ajustes no se podían hacer. Este aspecto es, también, parte de la historia.
(Contada por un legislador que no es josefino). Un establecimiento público compraba -y compra- papas (y otras cosas) en volúmenes importantes. Quizá contó lo de las papas porque no conocía más que de nombre al maragato que hacía el negocio.
¿Quién es fulano?
Edil de la 22, fue la aclaración que recibió.
Explicó que, según le informaron, el hombre presentaba una cotización por papas; las otras dos las presentaban su esposa y su suegro. Los tres tienen empresa constituida, RUC, pagan BPS… todo legal, aclaró. Incluso no siempre gana el mismo. Eso sí, cuando el establecimiento comprador consultó a otros proveedores, pasó a ahorrar miles de dólares por año. Sólo de papas.
Unos venden en un negocio «papa». Otros juegan a «ganador».
«Es lo que hay valor». La diferencia puede estar en cómo cada fuerza política maneje las situaciones complicadas. *
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