La dignidad del teniente general Carlos Díaz

E l camino hacia la verdad, plagado de obstáculos, se sigue recorriendo sin que el encubrimiento, la mentira y la conjura puedan evitar que a la corta o a la larga se terminen de descorrer todos los velos que todavía encubren ese horror uruguayo.

Ayer fue el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, quien sepultó la estrategia de la «amnesia de los genocidas», declarando ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, que estaba en su conocimiento, sobre la base de testimonios provenientes de «fuentes militares» que le confirmaron el hecho, que el 5 de octubre de 1976 se realizó el llamado traslado de prisioneros políticos uruguayos desde Buenos Aires a Montevideo en el denominado «segundo vuelo de la muerte»

Díaz, el dignísimo militar que fuera destituido de su cargo por haberse reunido con el ex presidente Julio María Sanguinetti sin autorización del Poder Ejecutivo, en un tema todavía a dilucidar en toda su magnitud, afirmó también que las mismas «fuentes militares» le informaron que todos los prisioneros políticos trasladados en ese vuelo fueron ejecutados en Uruguay, luego de pasar por un centro clandestino de detención, pero no pudo establecer el paradero de los restos.

Estas declaraciones de Díaz son coincidentes con las investigaciones periodísticas efectuadas por nuestro compañero, Roger Rodríguez, que identifican como miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) a todos los «pasajeros» de ese vuelo, todos ellos integrantes del grupo de «desaparecidos», entre los que habría estado el integrante del sindicato de Funsa León Duarte, cuya presencia fue detectada en una dependencia del fatídico Batallón 13, lugar que tuvo a su cargo algunos campos clandestinos de confinamiento y, ahora sabemos también, de exterminio.

Cómo no valorar y aquilatar las actitudes como las del teniente general Díaz de quebrar los cercos de la conspiración antidemocrática que, por supuesto, trascienden el ámbito de los nostálgicos castrenses, y se entronca en sectores civiles que supieron y saben muy bien lo que se hizo en este país y que siempre trataron, de mil maneras, de mantener el «statu quo» tratando de no remover nada de lo ocurrido en esa época oprobiosa que todos debemos tener siempre presente en el recuerdo para que el «nunca más» sea una realidad concreta y superadora, no una fría expresión de deseos.

La Justicia tiene en sus manos toda una temática que es esencial para el desarrollo armónico de la sociedad uruguaya, que no tendrá solución alguna con ingenuas invocaciones a la «unidad», a la «hermandad» o al «perdón» y menos, con reparaciones económicas que colocan en un pie de igualdad a las víctimas y a los victimarios, a las organizaciones sociales y políticas, a sus militantes que pagaron con muerte, desapariciones, tortura, cárcel y exilio sus acciones o dogmas, y a los agentes representantes de un Estado que aplicó como método operativo al terrorismo, los que actuaban en contra de otros uruguayos que, de alguna manera, eran quienes contribuían sobre la base de los aportes sociales e impuestos, a pagarles sus salarios.

Por supuesto que las familias de las víctimas de un lado o de otro no pueden ser responsabilizadas ni victimizadas y sabemos muy bien que el dolor no tiene cintillo político, ni pasado oprobioso. Sin embargo, el análisis de la norma debe determinar diferencias entre víctimas y victimarios, además de discernir con claridad si corresponden reparaciones en todos los casos, porque de mantenerse los criterios manejados en el proyecto García Pintos casos similares podrían aparecer continuamente y ampliarse los listados de manera exponencial.

Nos parece que el camino más sano es el de dejar decantar la realidad, estar atentos a los logros de la Justicia y cuando se descorra el último velo (si alguna vez se llega a él), comencemos a hablar de las reparaciones a las víctimas inocentes de toda aquella inconducente violencia. *