Una alternativa para fomentar el consumo de energía eléctrica

Aparicio Hernández

Se ha firmado –y está vigente desde hace un tiempo– un convenio entre UTE y el Banco de Santander por el cual el ente incluye en su facturación la cuota correspondiente al crédito obtenido por el suscriptor con esa entidad financiera. En caso de no ser abonado en tiempo y forma, UTE suprime el suministro de electricidad sin que el usuario tenga posibilidad alguna de discriminar ambos conceptos de la facturación; es decir, la posibilidad de pagar la luz y demorar el pago correspondiente al crédito. Esta decisión nos lleva a la conclusión de que se está usando un servicio público estatal como un muy efectivo elemento de coacción para que el suscriptor pague su crédito contraído con una institución financiera privada: si no paga el crédito junto con el consumo, le cortamos la luz.

Más allá de las entendibles razones esgrimidas por el ente para realizar este convenio, entiendo que su participación en el mismo no debería ser más que una buena referencia para el otorgamiento del crédito, y que a lo sumo, el organismo se encargará del cobro de la cuota pero en factura separada de la del consumo de energía eléctrica. Pero nunca comprometiendo la posibilidad de venta de su producto (electricidad) ya que seguramente en algún caso se verá obligado a efectuar el corte del suministro, y ello por defender intereses ajenos….

Si mi apreciación sobre el tema es errónea y el convenio firmado por UTE encuadra dentro de lo correcto sin transgredir las disposiciones que regulan a las empresas públicas, además de pedir disculpas (corresponde en un ciudadano bien inspirado) se me ocurre pensar –atendiendo a situaciones de importante contenido social– que hay otra forma de obtener un resultado similar en cuanto a fomentar el consumo de energía eléctrica.

Teniendo en cuenta la cantidad de fincas existentes en la oferta de alquileres, UTE podría oficiar como garantía de manera de asegurar a los propietarios el cobro del arrendamiento al tiempo de aliviar al aspirante a inquilino de esa exigencia cada vez más difícil de satisfacer que es contar con una garantía suficientemente solvente. Son muchas las viviendas que no se alquilan no porque no existan interesados que pueden pagar el alquiler, sino porque no tienen un garante.

Sin duda que desde el punto de vista social sería mucho más loable para una empresa estatal intervenir en situaciones como esta. Porque vaya si es más importante para una familia acceder a un techo que a un electrodoméstico (suntuario e importado, la mayoría de las veces).

Quizás OSE y Antel podrían incorporarse a la modalidad, incrementando también ellos la venta de sus servicios.

Una iniciativa como la propuesta en esta nota puede interesar a inquilinos y propietarios pues puede favorecer la gestión de todas las partes involucradas.

Los señores de UTE y los parlamentarios tienen la palabra. Las cosas se mejoran con acciones y no sólo con buenas intenciones.

* Analista