Operación exterminio… de la sociedad patriarcal del otro mundo

Dos editoriales del matutino El País, fiel representante de un mundo que muere y se debate para no ir «al otro mundo», dan lugar al título de esta nota.

1. En uno el doctor Maggi, con un lenguaje lleno de lugares comunes que me sorprende en él, desgrana una crítica ridícula al Frente Amplio, acusándolo de conservador y reduciéndolo a algunas de sus expresiones sectoriales. Esto, ya de por sí llama la atención en un periodista y escritor de su calibre, ya que la complejidad política del Uruguay de hoy, cuyo gobierno sustenta justamente el Frente Amplio y que mantiene un impresionante apoyo popular, merecía de su nivel intelectual un análisis un poco menos esquemático. Supongo que se dirige a un grupo de lectores que como él critica en el discurso del P. Comunista, se dirige a gente muy elemental que sólo sabe oponerse y que no quiere que nada cambie.

Pero lo que termina de tipificar este artículo calificado de «editorial» como el remanente de un mundo que va desapareciendo es el ataque a dos de las mujeres que están en el gobierno, calificándolas como «damas del otro mundo».

Y sí. Por suerte son mujeres que hacen política de forma diferente, para el mundo mayoritario de población vulnerable que viene sufriendo con asombrosa pasividad los desplantes de los patriarcas que se expresan por los editoriales de El País. Que no simplifican los problemas de la seguridad ciudadana desconociendo las complejas situaciones atrás de cada hecho, las debilidades que se fomentaron en las políticas sociales del Estado mientras los patriarcas fueron gobierno, los delicados equilibrios entre el respeto a la libre expresión y los derechos ciudadanos y la necesaria represión de los abusos, entre el debido proceso y el derecho de las víctimas.

Son mujeres que están luchando por un mundo distinto, acompañando a los hombres que se han comprometido con ellas a repensar la forma de ejercer la función pública pensando que en cada caso hay uno o varios ciudadanos o ciudadanas que tienen situaciones distintas y que ello obliga a diversificar las formas de atención de los distintos servicios o bienes que el Estado provee.

Ojalá cada vez tengamos más «damas que construyan el otro mundo»… aunque El País siga haciendo editoriales como el de 1927 que dudaba de la capacidad de las mujeres para opinar votando…

2. El segundo editorial de El País que da lugar a mis comentarios es el referido a un proyecto de ley de modificación del Código de la Niñez y Adolescencia que se encuentra a estudio en la Comisión del Senado de Constitución y Legislación.

Fieles a su característica conservadora y de patriarcas que no admiten que se les recorte ningún poder , los editorialistas arremeten con falsedades, que desarrollan sin ningún escrúpulo a lo largo de todo el artículo, sobre los contenidos de las modificaciones propuestas al capítulo referido a la adopción y que nada tienen que ver con adolescentes infractores.

Sabido es, y si no se sabe es bueno que se sepa, que en el Uruguay nacen pocos niños y que también son pocos los que se entregan para ser adoptados. El Estado uruguayo se ha comprometido a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el momento en que hizo suya, tanto por ratificación como por legislación nacional, la Convención de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Ello hace que debe ser extremadamente cuidadoso con el derecho a la identidad, seguridad, salud, educación, participación, defensa y opinión de su niñez.

Pero la cultura uruguaya nos ha llevado a pensar como algo natural que los niños y las niñas son objetos de nuestra propiedad, que podemos decidir sobre ellos, entregarlos sin respetar sus derechos y sin prever su seguridad y su desarrollo armónico como seres humanos. Esta ha sido la cultura institucional y societal en nuestro país.

Es por ello que, ante las numerosas denuncias que los y las legisladoras recibimos a diario de incorrectos e ilegales «manejos» con los niños, se establecen procedimientos muy precisos de doble control para su adjudicación a las familias adoptantes. Lo que se incorpora son normas que obstaculicen los caminos irregulares que utilizan las personas inescrupulosas como forma de sortear la intervención del juez y se amplía su intervención.

En este ordenamiento de roles, el Poder Judicial debe tramitar el procedimiento para restituir los derechos de los niños y las niñas que pueden estar siendo privados del cuidado de sus padres (la entrega en adopción es una de las medidas posibles) y el INAU se encarga de los aspectos técnicos relativos a las condiciones sicológicas y sociales de las posibles familias adoptantes.

En realidad quienes escriben el artículo están defendiendo la irregularidad notoria de construir primero una familia adoptiva y luego pretender que el juez les dé la validación del hecho. Hasta ahora es lo que algunos de estos intermediarios venían haciendo, justamente salteándose a los jueces.

El objeto de las modificaciones es acotar las responsabilidades en el «manejo» que se hace de los escasos niños que se entregan en adopción. Por ello hay una doble comunicación permanente entre el juez y el INAU que establece un doble control. Es obligación de la prensa empezar a decir en voz bien fuerte que son los niños los que tienen derecho a una familia y no los adultos a un niño.

Por eso es la presión sobre el INAU (al que se le sustraen muchas entregas) y la leyenda de que tiene muchos niños que no quiere entregar en adopción. No cualquiera, por mayor que sea su bondad, es un potencial adoptante. Y la vieja y patriarcal cultura que tan bien refleja El País de que es mejor que los niños pobres se críen en familias con mejor estatus económico no pasa de ser una vieja concepción del viejo mundo que se va, frente a niños que tienen derecho a conocer su identidad, a saber de dónde vienen, a quedarse con sus familiares de origen si estas familias así lo desean.

Los apoyos que les demos a las madres que no pueden o no quieren tener otro hijo forma parte de las responsabilidades por las que estamos peleando en este gobierno, y para ello es que se están capacitando los funcionarios implicados en la salud pública, en los juzgados, en la Policía, en el INAU, en las políticas descentralizadas del Mides.

Por suerte hay una gran cantidad de damas del otro mundo luchando por ello. *