Inquietante protagonismo militar

El presidente de México, Felipe Calderón, colocó a los militares en la primera línea de su gestión, una estrategia inédita en la historia moderna del país que levanta críticas de organizaciones de derechos humanos e inquieta a analistas y juristas.

Las Fuerzas Armadas, que según diversas encuestas constituyen la institución más respetada por los mexicanos consultados después de la familia, son desde la asunción en diciembre del gobierno de Calderón protagonistas del combate al narcotráfico. Una tarea que, aunque vienen realizando desde los años 90, nunca fue tan amplia y publicitada como ahora.

A partir del primer minuto de su gestión, Calderón se hizo acompañar de militares, habló a su favor en eventos castrenses donde tradicionalmente el Poder Ejecutivo no ofrecía discursos y ordenó aumentar el sueldo de la tropa en un promedio de 19 por ciento.

Además, transfirió a 10.000 soldados y marinos a la Policía Federal Preventiva y escuchó las poco usuales declaraciones de parte del secretario (ministro) de Defensa, general Guillermo Galván. Este funcionario declaró que la legitimidad de Calderón, cuestionada por la oposición izquierdista, «permanece cimentada en la aprobación popular» y en el fallo «contundente» de las instituciones.

El presidente «se ha tomado de la mano de los militares pues necesita elevar su legitimidad, incrementar su fuerza negociadora frente a la oposición y controlar hasta donde se pueda a la mafia del narcotráfico y la delincuencia en general, que están desatadas», dijo Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad y militares de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sin embargo, «no veo hasta ahora un peligro real de militarizar a las instituciones civiles o sujetarlas a la influencia castrense», aclaró Garduño.

Pero algunos grupos humanitarios sí encuentran tal riesgo. «Hay evidencia de que Calderón está dando demasiado poder a los militares y hay riesgo de que someta su gobierno a ese poder», señaló Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Las Fuerzas Armadas locales, que a diferencia de sus pares de América Latina nunca protagonizaron un golpe de Estado, están volcadas al combate contra el llamado «crimen organizado», campo donde integran los mandos operativos junto a autoridades civiles. Unos 20.000 de los 200.000 miembros de la institución castrense mexicana fueron desplegados en varios estados para realizar tareas contra bandas del narcotráfico, que no obstante siguen desplegando acciones de extrema violencia. Unas 630 personas han sido ejecutadas por esos grupos en lo que va del año.

La presencia de los militares en tareas policiales inquieta a juristas, quienes recuerdan que según la Constitución, «en tiempos de paz (cuando no hay declaratoria de guerra), ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar».

«A nadie parece importarle que se infrinja de modo flagrante la estricta disposición constitucional» en aras de la lucha contra el narcotráfico, sostuvo Miguel Granados en su columna del diario local Reforma.

Según este experto en asuntos jurídicos, el presidente ha manifestado con total claridad una «propensión y necesidad de cobijarse en las instituciones castrenses para gobernar».

En el pasado, aunque las Fuerzas Armadas expresaban su respaldo al presidente de turno, en general permanecían detrás de bastidores en lo relativo a la vida pública. Pero eso parece estar cambiando. (IPS) *