Terrorismo de Estado: Uruguay a la zaga en la búsqueda de la verdad

Más de una vez hemos comentado desde estas páginas que de los cinco países del Cono sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que habían sufrido los regímenes de terrorismo de Estado, el nuestro era el que había avanzado más lentamente en su proceso de transición hacia la democracia y en el que más se habían arraigado las nefastas consecuencias de la impunidad.

En uno de sus editoriales principales de su edición de ayer lunes 16, el matutino bonaerense «Clarín» anota una serie de consideraciones que permiten situar las diferencias de algunos de estos procesos, en particular el de Chile y el de la propia Argentina.

La nota tiene como referencia desencadenante el juicio, que a partir del 9 de octubre, se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 6 de Buenos Aires donde uno de los principales imputados, aunque no el único, es el espía chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel.

La investigación apunta a desentrañar a los culpables del asesinato del General chileno Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert perpetrado en Buenos Aires el 29 de setiembre de 1974.

Para el periódico citado el asesinato de Prats evidenció los grados extremos de inseguridad individual, social y nacional que padecieron nuestros países durante el imperio de las dictaduras militares.

Argentina vivía todavía bajo un régimen constitucional, pero la violencia y el debilitamiento institucional estaban anticipando un deterioro que desembocaría tiempo después en el golpe de Estado.

La investigación del asesinato de Prats, dice el editorial de Clarín, «reveló la existencia de una trama secreta del aparato represivo chileno, organizada para perseguir en el exterior y acallar a los presuntos opositores al régimen. Esta red se entretejió con el concurso de los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur, utilizados en este caso para acciones encuadrables en la figura del terrorismo de estado».

Y finaliza diciendo el periódico: «Responde ahora ante la justicia argentina, por su responsabilidad directa en el crimen (…) Arancibia clavel. Pero el proceso implica a ex jefes de la policía secreta y al propio ex dictador Pinochet. La Cámara Federal confirmó recientemente la imprescriptibilidad del caso y su calificación de delitos de lesa humanidad, lo que habilita a la jueza Servini de Cubría, a cargo de la causa, para solicitar la extradición de Pinochet.

Cabe destacar que el propio Estado chileno se presenta como querellante, lo cual completa el significado reparatorio y restitutivo de la actuación de la Justicia ante en este trágico hecho. Ocurre que el asesinato del matrimonio Prats no sólo significó la comisión de dos homicidios sino también una lesión a la integridad soberana de Argentina y una expresión clara de la impunidad con la que actuaron cuerpos estatales que debían ocuparse de resguardar la seguridad de las personas y fueron utilizados para tareas criminales».

Como se puede apreciar hay muchos elementos de analogía con los hechos generados a partir del asesinato de los dirigentes políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Hay, no obstante, algunas tremendas diferencias.

El Estado chileno participa activa y formalmente en la acusación contra la DINA y demás responsables del asesinato de Prats.

El Estado uruguayo, maniatado por la Ley de Caducidad y sin voluntad política (por lo menos hasta la actual administración) para ayudar a saldar la deuda pendiente con la sociedad, ni siquiera se mostró dispuesto a colaborar con el Fiscal argentino.