Ante el dañino proceso inflacionario

Los datos son concretos y aleccionantes. Uruguay no podía estar fuera de la lógica económica y de los dolores que vive todo país que comienza a crecer de manera acelerada y año tras año, viendo cómo su PBI aumenta aceleradamente.

Sin embargo, las cifras muestran con elocuencia los síntomas de una enfermedad: la inflación. En el primer trimestre del año los precios subieron 3,31%, cuando el rango meta del gobierno para todo 2007 va de 4,5% a 6,5%.

En el año móvil cerrado a marzo la inflación llegó a 7,36%, el guarismo más alto en 12 meses desde diciembre de 2004. La suba de marzo fue la mayor desde 2003 comparando con igual mes de los años previos: en marzo del año pasado la suba fue de 0,32%, en 2005 0,43%, y en 2004 0,60%.

Queda claro que se puso en marcha un proceso peligroso de crecimiento de los precios que es consecuencia de lo que los técnicos llaman el «recalentamiento» de la economía, Proceso que no se puede detener de otra forma que equilibrando elementos de la propia economía, porque esa aceleración inflacionaria puede en corto plazo carcomer lo logrado en estos años de crecimiento de la actividad económica.

El equipo económico está ante una alternativa bien clara y difícil, especialmente cuando plantea para la próxima Rendición de Cuentas una necesaria inversión en varios rubros atrasados que requieren apuntalamiento y además se acercan las actualizaciones salariales de mediados de año como consecuencia de lo resuelto en los Consejos de Salarios, que insuflarán más dinero a la economía.

Por supuesto que el Banco Central está tratando de adoptar algunas medidas destinadas a detener el proceso, al parecer, achicando el monto de la masa monetaria que se encuentra en «la calle», con el fin de acotar en algo el consumo. Por supuesto que la batería de medidas que se adopten tendrá en cuenta distintas variables y tratará de no perjudicar al conjunto de la economía y menos, inhibir en mucho su camino de crecimiento.

Sin embargo, los uruguayos debemos preocuparnos por la actual situación que no tiene una solución fácil. No se puede modificar el proceso de crecimiento de los precios ­ obviamente ­ como intentaron hacer algunos gobiernos de países vecinos, cambiando los mecanismos de medición que utiliza la Dirección Nacional de Estadística. Tampoco son posibles medidas drásticas, generadoras de desabastecimiento, mercado negro, desocupación y hambre, como las de control de precios (recordemos el nefasto período pachequista), absurdo ya desechado en teoría y práctica que se utilizó, lamentablemente, en el pasado sin medir las consecuencias sobre la economía y los actores de la misma: los uruguayos.

Sabemos, eso sí, que en Uruguay existe una carga impositiva desmedida que afecta muchos precios de los productos que comercializan las empresas del Estado, que tiene su razón de ser por la desmesura de un aparato estatal cuyo gigantismo asombra. Un país que además tiene un IVA del 23%, que multiplica costos y precios finales.

La reforma impositiva que se pone en marcha dentro de unos meses modificará algunas de estas cargas, especialmente la que afecta a las empresas públicas, lo que puede redundar en el abaratamiento de sus productos que son esenciales para la producción y que tienen una incidencia de primera magnitud en los precios.

Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Es necesario apaciguar las fuerzas de la economía para que el país siga creciendo con tranquilidad, sin sobresaltos y sin estar signado por esa espada que es la dañina inflación. *

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