Una Justicia independiente

Por estos días han convergido duros reproches y acusaciones contra el sistema judicial. Lo curioso del caso es que quienes hacen oír sus voces cuestionando a la Justicia provienen de tiendas políticas antagónicas y refieren a casos diferentes.

En primer lugar, el pedido de procesamiento de algunos ex jerarcas de OSE, entre los que se cuentan dos legisladores, llevó a que blancos y colorados comenzaran a hablar de un fenómeno que han bautizado como de «judicialización de la política» en el entendido de que los hechos políticos y la actividad política en general se ven invadidos por jueces y fiscales que se inmiscuyen indebidamente en un área que debe serles ajena. De paso, se habla también de otro fenómeno correlativo que sería la «politización de la justicia», fenómeno que, según la percepción de blancos y colorados, vendría ocurriendo a partir de las decisiones judiciales referidas a casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura.

La situación llegó a su clímax con el pedido de desafuero que en breve habrá de tratar el Parlamento, cursado por el juez que entiende en la causa de las irregularidades en anteriores administraciones de OSE, contra un senador colorado y un diputado blanco; los cargos son por abuso de funciones. No es nuestra intención pronunciarnos sobre tan delicado asunto; no nos corresponde hacerlo ni tenemos elementos de juicio para ello. Pero llama la atención que tanto el doctor Julio Ma. Sanguinetti como el doctor Jorge Larrañaga hayan puesto el grito en el cielo, al tiempo que los legisladores acusados hablan de «venganza política».

Entendemos que la reacción es desmedida, pues han dirigido el tiro contra un Poder del Estado que se caracteriza por su independencia y no merece, por su trayectoria y por la honradez y solvencia profesional de sus integrantes, que se pretenda hacerlo aparecer como cumpliendo una orden del gobierno. Jueces y fiscales están para vigilar que las leyes se cumplan y para imponer penas a los infractores. No se puede, razonablemente, criticar a los magistrados por cumplir con su deber, que no es otro que aplicar la ley.

La legislación, el derecho positivo, siempre es pasible de sufrir modificaciones, y son los propios legisladores los encargados de cambiar, derogar, agregar o corregir los textos legales de manera de adecuarlos a las nuevas realidades. Por tanto, si la mayoría de los legisladores entiende que el delito de abuso de funciones es obsoleto, que responde a otra realidad o que su redacción es defectuosa y da lugar a malentendidos o a interpretaciones que vulneran su espíritu, el camino correcto es corregir dichas anomalías en el propio Parlamento, pero no atribuir intenciones espurias a la acción de jueces y fiscales.

Y por otro lado, o en el otro extremo, tenemos a una organización social que protesta airadamente contra una decisión judicial. El procesamiento de un participante en los desmanes del 9 de los corrientes en el centro de Montevideo motivó que voceros de dicha organización expresaran que hay una «criminalización de la lucha, considerada sediciosa por ser anticapitalista» y afirmaran que estaríamos en presencia de una «derechización del Poder Judicial».

Como se advierte, desde los dos extremos del espectro político se arrojan piedras contra el Sistema Judicial acusándoselo de involucrarse en cuestiones políticas.

Curiosa coincidencia. *