La interpelación se justifica

La idea de llamar a Sala a los ministros de Ganadería y de Economía y Finanzas por la problemática que aflige a los productores agropecuarios y al ministro de Defensa Nacional por las cuestiones que atañen a su cartera, especialmente las responsabilidades de los mandos en la tragedia del barreminas «Valiente», ha desatado una reacción desmedida tanto en el gobierno como en sus respaldos mediáticos.

«Es una acción con objetivos políticos», se exclama como si esa caracterización bastara para desmerecer la decisión de la oposición progresista.

Otros «denuncian» que la arremetida opositora del Frente Amplio-Encuentro Progresista «se impulsa para ocultar las divergencias internas», ignorando que las fuerzas opositoras han ido construyendo unos códigos de convivencia cada vez más afianzados y distendidos.

El ejercicio democrático de la oposición parlamentaria, que está en la tapa del libro de la democracia política, es una garantía esencial para todo el sistema.

Sólo una oposición meticulosa, atenta y seria brinda a la ciudadanía los elementos de comprensión y contralor necesarios para hacer que la legitimidad democrática respire normalmente.

Estas funciones políticas y parlamentarias son las que no terminan de aceptar los dirigentes de las derechas.

Eso parece indicar un editorial bastante descomedido que publica ayer sábado el matutino El País donde las decisiones del Frente Amplio son calificadas de «circo», «teatro», «gimnasia» y otras lisonjas.

La marrullería política del diario oficialista es insólita.

La nota alude, casi treinta años después, al socorrido argumento de la heterogeneidad del Frente Amplio, aquello de la «colcha de retazos» que rápidamente se destruiría por sus divisiones internas, algo con lo que soñaban los dirigentes de los partidos conservadores en 1971.

Treinta años después, los que están cada vez más débiles de respaldo popular –y más divididos– son los viejos partidos conservadores.

Lo decía con claridad en un reportaje el senador Danilo Astori: la oposición del Frente amplio-Encuentro Progresista es la única respuesta a la insensibilidad y la pertinacia de la acción política del gobierno, inflexible en sus pautas neoliberales.

A la oposición se empuja a la izquierda cuando ninguna de sus propuestas es tenida en cuenta. Por ejemplo los aditivos presentados durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración, o las propuestas contenidas en las iniciativas presentadas por el doctor Tabaré Vázquez al propio Presidente de la República.

No se trata sólo del hecho de que esas propuestas no son aprobadas. Ni siquiera se abre, a partir de ellas, un debate que permita conocer a fondo los argumentos por los cuales el gobierno las rechaza.

El diálogo aparente disimula el hecho de que no existe diálogo sustantivo en las cosas que más importan, las que hacen a los problemas sociales más apremiantes, los que justifican las acciones de emergencia social que propone el Encuentro Progresista.

Finalmente hay otros hechos cuyas aristas exigen una clarificación a fondo y un sinceramiento profundo de los hechos, los fundamentos jurídicos y reglamentarios de las actuaciones y los argumentos de fondo que han estado en juego.

Nos referimos a los problemas de la conducción de la Armada Nacional en la hora del balance de lo actuado en el episodio del barreminas Valiente.

No hace muchos días un senador del Partido Nacional, el doctor Jorge Larrañaga hacía conocer públicamente su opinión acerca de la necesidad de remover al jefe actual de la Marina, contralmirante Pazos.

Criterio éste que el ministro de la coalición que el doctor Larrañaga integra, el señor Brezzo, no comparte.

En esta situación, ¿qué le corresponde hacer al Senado?.

¿Con quién se discuten los problemas de inoperancia, las sanciones, los tribunales de honor en una fuerza capital para el país como lo es la Armada Nacional?

Si no es interpelando al ministro competente, ¿a quién habría que apelar? ¿Al intendente de Rocha?

¿Al director de la Filarmónica Municipal o al director técnico de la Selección?

Si el Partido Nacional, o algunos senadores de ese partido piensan como el senador Larrañaga, entonces son ellos, también ellos, los que deben impulsar la interpelación al ministro de Defensa Nacional.