Año de reformas

El gobierno ha puesto el pie en el acelerador. Se ha propuesto llevar adelante y hacer realidad las grandes reformas previstas en el programa de gobierno de la fuerza política que hoy es mayoría.

La reforma de la salud, más conocida como la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se puso en marcha el año pasado con una primera ley de descentralización de ASSE y seguirá durante el presente año incorporando cambios al actual sistema sanitario, cuyas deficiencias nadie ignora.

La Reforma Impositiva o reforma tributaria, que incorpora el polémico Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, ya recibió sanción parlamentaria y entrará en vigor en julio.

Este año estará pautado por la «madre de todas las reformas», esto es, la reforma del Estado, una vieja materia pendiente que los gobiernos anteriores intentaron llevar adelante con criterios demasiado neoliberales. La idea del gobierno progresista es muy distinta de la de los partidos tradicionales pues apunta a mejorar la gestión estatal, a racionalizarla, a la descentralización, pero de ninguna manera se propone achicar el Estado, como sí preconizaban los gobiernos conservadores imbuidos de las premisas del neoliberalismo.

Y finalmente, tenemos la tan necesaria y polémica reforma educativa. Tratando de dar intervención a todos los actores directamente involucrados en la enseñanza y a la sociedad civil en general, el gobierno convocó a un amplio debate nacional en el cual se realizó un diagnóstico del problema, se volcaron ideas, iniciativas, propuestas y proyectos que serán tenidos en cuenta por los encargados de poner a punto, redactar, impulsar y llevar a la práctica la tan mentada reforma.

En la contratapa del martes 19 el senador Enrique Rubio (actualmente al frente de la OPP) hace una síntesis de la realidad de nuestra educación media, de la que surge un panorama francamente alarmante. Dice Rubio: «La dictadura hizo un daño tremendo, diezmó los cuadros, colocó a autoridades incompetentes e instaló la represión. La restauración democrática apeló a una institucionalidad arcaica, sin participación de los docentes ni articulación con la Udelar».

Bueno es recordar que ya antes de la dictadura, bajo el gobierno autoritario y antipopular de Bordaberry y siendo ministro de Educación y Cultura el doctor Julio María Sanguinetti, la enseñanza pública sufrió el primer embate conservador con la Ley de Educación General. Aquella ley fue un zarpazo de la clase dominante a la educación popular y generó la consiguiente y condigna respuesta de los gremios de la enseñanza, que lucharon denodadamente ­aunque sin éxito­ para que el Parlamento no aprobara aquel engendro.

Pero como bien señala Rubio en su análisis, más allá de estas cuestiones institucionales y de decisiones políticas, la enseñanza en Uruguay no escapó al deterioro generalizado del país verificado desde aquellos tiempos y que los gobiernos democráticos post dictadura no fueron capaces de corregir. La pauperización creciente, la virtual desaparición de la clase media, la marginalidad y la exclusión social causaron un daño irreparable a la sociedad uruguaya.

Esta realidad heredada deberá revertirse «con un esfuerzo interinstitucional para que la educación juegue un papel decisivo en un proyecto democratizador y de modernización de la sociedad con la base en la centralidad de la cultura».

El deterioro es tan profundo que no bastará con una reforma meramente académica. Será menester que también en el nivel secundario ­tal como ocurre en Primaria­ los centros educativos cumplan una función integradora y de reinserción social de los sectores más vulnerables, además de su función puramente educativa.

Es, sin duda, una ardua tarea que a todos nos compromete y que debiera involucrarnos a todos. *