Ministro de Defensa: ¡a examen en octubre!

Pese al desorden del año estudiantil, el ministro de Defensa Nacional deberá preparar de apuro los exámenes de fin de año.

Primero el escrito. Después, el oral como corresponde a un sistema adecuado de evaluación de lo actuado durante el año.

La necesidad de entregar «el escrito», surge a partir de la muy clara sentencia de la jueza del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, doctora María Teresa Larrosa.

La decisión de la magistrada es de la mayor importancia ya que constituye la respuesta pertinente del Poder Judicial al virtual desconocimiento por parte del Ministerio de Defensa Nacional de la sentencia de la doctora Estela Jubette que dio lugar al recurso de amparo presentado por la señora María Almeida de Quinteros, «Tota».

En la sentencia, desconocida por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial encomendaba al Ministerio informar acerca de la suerte corrida por Elena después de su secuestro en la Embajada de Venezuela en junio de 1976.

Razón le asiste al abogado del PIT-CNT, Dr. Pablo Chargonia, cuando señala: «El incumplimiento de una sentencia es un hecho muy grave que debería dar lugar a responsabilidades de tipo político o incluso penales».

De acuerdo con la decisión de la doctora María Teresa Larrosa, la parte demandada (el MDN) deberá entregar copia autenticada de los informes de las investigaciones administrativas realizadas por la doctora Sylvia Usher, de la Sala de Abogados de dicha secretaría de Estado.

Una vez aportada la información, la doctora Larrosa deberá determinar si se ha cumplido o no con la sentencia que ordenaba al Ministerio investigar a partir de diversos testimonios sobre la suerte de la maestra Elena Quinteros.

En cuanto al temido «oral», el ministro Brezzo deberá «pasarlo» ante los senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista en las próximas semanas.

Además del choque con el Poder Judicial anotado más arriba, el ministro deberá responder sobre cuáles han sido los criterios jurídicos, administrativos y políticos con que se viene actuando en relación con la conducción de la Armada Nacional.

Es evidente que la tragedia del barreminas «Valiente» ha sido el desencadenante y la parte visible del «iceberg» de una crisis de largo aliento, con tensiones que tienen un origen bastante alejado en el tiempo.

Tensiones que afloran bajo la forma de incompetencia en determinados momentos, de sanciones impuestas a determinados oficiales superiores, a la constitución de los Tribunales de Honor, a las normas vigentes en situaciones de emergencia y que son indicativas de una situación crítica cuyo abordaje no se puede postergar.

En medio de los forcejeos internos, versiones periodísticas dignas de crédito le asignan a algún jerarca de la Marina declaraciones sustantivas sobre la situación de los derechos humanos y las eventuales responsabilidades del arma en la materia.

En el mar de grises del área de la Defensa Nacional, es de hacer notar que tampoco se ha hecho público el alegato jurídico de ese Ministerio con el que se fundamenta la negativa al pedido de informes solicitado por el fiscal argentino Miguel Angel Osorio.

Lo poco que trascendió en la prensa, fragmentario e impreciso, provocó expresiones de discordancia en algunos juristas de renombre, como el Dr. Gonzalo Aguirre, la doctora Jacinta Balbela y de expertos en Derecho Internacional, como el doctor Héctor Gros Espiell.

Como se ve, las autoridades del Ministerio de Defensa han de tener una primavera de animadas comparecencias públicas, con escritos y orales en lo que tendrán que «hacer conducta» con el Poder Judicial, con la Cámara de Senadores y –sobre todo– con la opinión pública democrática del país.