Diálogo auspicioso entre gobierno y oposición

La hemos tratado el tema en esta página, pero entendemos que el otorgamiento de la venia para llenar el cargo vacante de fiscal de Corte tiene un significado profundo que es preciso resaltar. No en vano los senadores que hicieron uso de la palabra en el transcurso de la sesión que trató el tema hicieron hincapié en el consenso logrado por los distintos partidos para designar al doctor Ubiría.

No es un asunto menor, ya que el acuerdo permitió zanjar una enojosa desavenencia entre gobierno y oposición que implicaba la acefalía en un cargo de enorme relevancia en el sistema democrático.

Como se ocuparon de resaltar los senadores, al disponer que para el otorgamiento de la venia correspondiente se requiere una mayoría especial de dos tercios, el constituyente quiso dotar a ese cargo de máximo jerarca del Ministerio Público y Fiscal de un sólido apoyo de todo el sistema político, ya que para lograr esa mayoría especial todos los partidos deben necesariamente negociar y ponerse de acuerdo.

Vale la pena recordar que durante el año pasado se sucedieron varios encuentros entre representantes del gobierno y de la oposición de los cuales había surgido un acuerdo que, si bien no concitaba el apoyo de los legisladores colorados, sí permitía llegar a los dos tercios requeridos en virtud de que tres senadores nacionalistas habían manifestado su disposición a acompañar favorablemente el pedido de venia para designar a la doctora Mirtha Guianze. Sorpresivamente, un verticalazo de la cúpula del Partido Nacional obligó a dichos senadores a mudar su posición y a negar su voto favorable por razones de disciplina partidaria.

Este hecho generó una situación de impasse en la negociación y llevó al Ejecutivo a emitir un polémico decreto por el que se encargaba provisoriamente del cargo a la magistrada propuesta. La reacción del Partido Nacional y del coloradismo no se hizo esperar: los colorados presentaron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los blancos decidieron interpelar al ministro Brovetto, de cuya cartera depende la Fiscalía; paralelamente, hicieron llegar al Presidente de la República una nota firmada por todos los senadores de la oposición en la que expresaban su firme rechazo a la venia solicitada con lo que desaparecía la posibilidad de contar con los votos necesarios para llegar a la mayoría especial.

En aquella interpelación, por momentos áspera y con algunas escaramuzas que hicieron presagiar una profundización del impasse, se produjo sin embargo un hecho auspicioso: del debate surgió una coincidencia entre gobierno y oposición en cuanto a la necesidad de recomponer el diálogo; legisladores frentistas, blancos y colorados expresaron su disposición a retomar las negociaciones pertinentes.

Fue así que durante el receso veraniego, el doctor Gonzalo Fernández, en su calidad de secretario de la Presidencia y en representación del Poder Ejecutivo, mantuvo varias reuniones con los líderes opositores en las cuales se sugirieron diversos nombres de fiscales para ocupar el cargo hasta que se logró el tan ansiado consenso que permitió que el Senado finalmente otorgara la venia por unanimidad.

Dicha circunstancia otorga al nuevo titular de la Fiscalía de Corte una muy especial legitimidad y permite augurar un funcionamiento adecuado del sistema judicial uruguayo. Pero más allá de este hecho singular, el haber logrado un acuerdo tan importante implica un viraje en las relaciones entre gobierno y oposición.

Es de desear que las desavenencias, los desencuentros, las rispideces y las crispaciones queden atrás y que de ahora en adelante el sistema político funcione más aceitadamente dejando de lado mezquinos intereses. No pretendemos, huelga aclararlo, que todas las decisiones se tomen por unanimidad (algo impensable en un régimen democrático) pero sí creemos posible que para determinadas medidas que tienen que ver con el diseño de políticas de Estado puedan lograrse consensos más o menos amplios que les otorguen legitimidad.

Y concretamente para la integración de los organismos de contralor, deseamos que este valioso antecedente sirva para que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas lleguen a componerse, como manda la Constitución, de acuerdo con el mapa político surgido de las últimas elecciones.

Cuando eso ocurra, el país habrá rendido una asignatura que está pendiente desde hace más de siete años, ya que la actual integración de dichos organismos data de 1995 y no refleja la nueva correlación de fuerzas surgida en 2000 ni mucho menos la actual en la que la izquierda cuenta con mayoría absoluta.

Del mismo modo, hacemos votos por un acuerdo que habilite la integración de representantes de los partidos opositores en los directorios de los entes. El buen funcionamiento de la democracia así lo exige. *