Las víctimas de la dictadura no pueden esperar más

Luego de muchos años de lucha se pudo superar la incomprensión y la indiferencia existente en muchos sectores políticos que durante prácticamente dos decenios nunca arbitraron una solución para las víctimas de la represión durante la dictadura militar (presos, exiliados, perseguidos políticos, etc.).

Finalmente, el pasado año se aprobó la Ley 18.033, que si bien no es una norma perfecta que abarque a todo el cúmulo de afectados, vino a solucionar una situación que era inaceptable por la injusticia implícita que determinaba.

Sin embargo, a varios meses de creada la Comisión Especial que tiene que decidir sobre cada una de las presentaciones que realizan los ciudadanos con derechos, los que deben ser fehacientemente probados, el ritmo del trabajo es moroso y los expedientes no se tramitan en orden de presentación sino con criterios no explicitados, que hace que muchos de los damnificados, que han esperado por más de 20 años una solución comiencen a desesperarse.

Y esto es grave porque los afectados por las acciones de la dictadura son todas personas que están entre los 60 y más años de edad, en un país en donde las expectativas de vida que, si bien son altas comparadas con otras regiones del planeta, se convierten para ellos en un horizonte cercano.

Es evidente que existen casos prioritarios, como el de las personas enfermas, pero también otros, los de carácter sencillo, que son quienes han podido probar fehacientemente haber estado presos o haber sufrido el exilio, o quienes tienen fallos de la Comisión Especial que trabajó en la Ley anterior, que pese a ser altamente restrictiva, solucionó algunas situaciones afligentes. ¿Estas personas necesitan nuevas probanzas? ¿Sus casos no deberían pasar de inmediato al Banco de Previsión Social para que se les implemente el pago de la compensación que dispone la Ley?

Es preocupante que luego de tantos años de espera, por razones que ignoramos impere en la Comisión Especial que atiende a los damnificados que ampara la Ley 18.033 una «desorganización» incomprensible que determina una lentitud exasperante de trámites que deberían ser, además de justos, meteóricos.

Toda esta gente, que son víctimas de la dictadura, no pueden esperar más. *