¡Qué tupé!

En vísperas del inicio de la gira del presidente George W. Bush por América Latina el Departamento de Estado difundió un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.

No se sabe qué autoridad humana o divina le confirió al gobierno de EEUU la facultad de dictar cátedra sobre estos temas y de repartir a diestra y siniestra patentes de santos varones o de integrantes del «eje del mal». En todo caso, sería bueno que comenzara por casa.

Si nosotros nos arrogáramos ese mismo derecho, podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, las que siguen.

Ya que en el informe se menciona a las cárceles, cabe recordar que en EEUU, en virtud de la Ley Patriota, aprobada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, hay centenares de ciudadanos, nacionales y extranjeros, encarcelados sin juicio alguno, sin derecho a la defensa ni a la visita de familiares y, más aun, sin que se difunda su identidad.

Peor aun es la situación en la base de Guantánamo, en que a ello se agregan las formas más bestiales de tortura física y psicológica. Todo esto se realiza con el visto bueno de la justicia norteamericana, que impide a los 500 presos presentarse ante las cortes, tener abogado y defender sus derechos. Son parias absolutos. El Departamento de Justicia alega que la tortura psicológica no es tortura.

El profuso capítulo sobre el terrorismo y sus variantes debería incluir el caso de Luis Posada Carriles, un terrorista de marca mayor y agente encallecido de la CIA, culpable de crímenes abominables contra decenas de civiles y de intentos de magnicidio, mantenido a buen recaudo por el gobierno de EEUU, que se niega a extraditarlo como reclaman con pleno fundamento Venezuela y Cuba.

En el informe se señala que Tabaré Vázquez ganó la presidencia en elecciones limpias y libres. Por cierto no puede decirse lo mismo del Sr. Bush, que accedió a su primer mandato tras elecciones tramposas y fraudes organizados particularmente en la Florida por su hermano gobernador.

En EEUU las violaciones flagrantes de los derechos humanos provienen de las más altas esferas de gobierno. La justicia acaba de declarar culpable a Lewis «Scooter» Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, de los cargos de perjurio, falso testimonio, obstrucción a la justicia y algunas otras cosillas. En concreto, mintió descaradamente en sus declaraciones. Este ciudadano era el encargado de recopilar información y argumentos en los años 2002­2003 para justificar la invasión a Irak. En esa tarea reveló la identidad de Valerie Plane como agente encubierta de la CIA, lo que en EEUU es un crimen federal. Pero el objetivo real era sacar de la troya al esposo de ésta, Joseph Wilson, quien había demostrado que todas las alegaciones del gobierno de Bush en el sentido de que Irak se había provisto en Níger de materiales para fabricar armas de destrucción masiva, eran una patraña de principio a fin. Hoy Lobby afronta una pena de prisión que puede llegar a 30 años, pero sus abogados apelan y pueden estirar el juicio por dos años más y beneficiarse incluso del perdón de Bush (que no ha conmutado la pena a ningún condenado a muerte como gobernador de Texas, pero este caso es distinto). Comentarios de fuente francesa señalan que este dictamen, el primero en su género, reviste importancia excepcional, y que tirando de la piola se puede llegar a las instancias máximas de la Casa Blanca, y en particular a Cheney en persona. No se olvide que éste era el capo máximo de Halliburton, la empresa que se forró de cientos de millones de dólares con los contratos en Irak concedidos por el gobierno de Bush. Mientras más de tres mil soldados norteamericanos murieron, y más de setecientos mil civiles iraquíes, otros redondean fabulosos negociados.

A ese respecto, ¿en qué capítulo de los DDHH deben colocarse las masacres que desde hace 4 y 5 años se suceden todos los días en Afganistán e Irak por parte de las tropas de ocupación, las torturas aberrantes en las prisiones de Abu Ghraib y las cárceles secretas de la CIA, los secuestros perpetrados por la agencia central de inteligencia en varios países de Europa para entregar a los secuestrados a la tortura, todo lo cual recién ahora se destapa con estruendo? Algunos casos han sido juzgados, pero son apenas la punta del iceberg. Y en el ejército objetores de conciencia como el sargento de origen mexicano Agustín Aguayo, son condenados por tribunales militares y encarcelados. Ya hablamos de cómo se violan los DDHH de los heridos de guerra, muchos de ellos graves, que se atienden en el hospital militar Walter Reed.

¿Y quién se ocupa en EEUU de los derechos de los pobres? Según un estudio reciente hay 37 millones de pobres, de los cuales 16 millones vegetan en los niveles de la pobreza extrema, en un proceso que se aceleró en los últimos 5 años. «La pobreza extrema crece a diario en un país que destina una parte creciente de su PBI a la industria de guerra», dice el estudio, según el cual Bush redujo el gasto público destinado a educación y servicios sociales, incluida la asistencia médica a jubilados. «Este año ­agrega- Bush solicitó 70.000 millones de dólares con destino a Irak, y se pedirán otros 100.000 millones adicionales con el mismo fin, dinero que en realidad va dirigido a ciertas corporaciones y a operaciones militares». *