Las razones para interpelar

Con un sonsonete bastante monótono la prensa oficialista se ha lanzado a «interpretar» las intenciones «ocultas» de las decisiones de la izquierda en materia de interpelaciones.

La «cuerda» de barítonos, tenores y contraltos se unió desde temprano en la misma partitura: es una maniobra política, es un intento de distraer la atención pública, es una forma de mitigar los «graves» problemas internos que tienen las fuerzas progresistas.

Cualquiera que mire con un mínimo de objetividad el panorama político puede entender que el movimiento que decidió la Mesa Política, con el respaldo de sus bancadas, no obedece al propósito de exorcizar problemas internos.

En cierto sentido estos son, en 2000, muchos menos y menos graves que los que se evidenciaron en 1996 cuando un sector del Frente Amplio apoyó la propuesta de Reforma Constitucional, a la postre triunfante, que incorporó el sistema del balotaje.

O las dificultades en la Junta Departamental en 1997 que dejaron al gobierno en minoría frente a blancos y colorados.

Hoy ninguna de esas situaciones, que se superaron largamente en los meses que siguieron a la crisis, está planteada.

Que existan diferencias de tono, de estilo y de matices en una gran cantidad de temas es comprensible.

Es más, dada la naturaleza de «frente» que tienen tanto el FA como el Encuentro Progresista, y dada la amplitud cromática de la «paleta progresista» –que va del rojo y negro hasta el albo y celeste– no deben excluirse diferencias de otro tipo.

En la actualidad, no está planteada, como lo estuvo antes, ninguna instancia en que las distintas fuentes de inspiración generen tesituras políticas contradictorias.

El argumento oficialista no tiene, pues, el menor asidero. Nadie en la izquierda cree que esta política económica sea buena para el país. Nadie tampoco cree que la actuación de las autoridades en el trágico episodio del barreminas «Valiente» haya sido satisfactoria.

Otro argumento destinado a desmoralizar la acción opositora es que las bancadas progresistas no tienen en el Parlamento los votos necesarios para censurar a un secretario de Estado.

Esto es así. La coalición, hasta ahora, ha funcionado como «bloque parlamentario» con el respaldo aunado de todos los sectores que la componen.

¿Hasta cuándo será así? Es difícil de prever.

Hay indicios de inconformidad de distintos sectores ante distintas circunstancias legislativas.

Tarde o temprano, la situación en el agro, o la política económica general, tendrá efectos pertinentes en el vientre legislativo.

¿Cuál es la función, en el juego democrático, de una interpelación?

Justamente, la de permitir que afloren los matices, conocer todos los puntos de vista del arco político.

Y a partir de ahí hacer que los puntos de vista críticos se fortalezcan, encuentren los puntos de coincidencia con otros.

No muy distintas fueron las circunstancias en otros períodos de la vida del país en que se procesaron alineamientos políticos nuevos.

Finalmente hay un aspecto sobre el cual el principal cuestionado, el ministro de Defensa Nacional, señor Luis Brezzo, desde su confusión, confunde.

El le pregunta a la ciudadanía si se cree, «de buena fe», agrega, que él es el responsable de la tragedia del buque barreminas.

Lo que el ministro no puede desconocer es que, ante el Parlamento, el responsable es él. La responsabilidad está en manos del Poder Ejecutivo, de la administración.

Y al Parlamento le competen –y es su obligación ante el país–la función de contralor de esa gestión del gobierno.

Si no pidieran cuentas, si no exigieran responsabilidades al jerarca de turno, los responsables ante la ciudadanía serían los senadores que examinaron los hechos y constataron las impericias e irregularidades que rodearon al penoso episodio.

Un episodio que hay que tomar con serenidad y altura. Con modestia y con el sentido de las responsabilidades que impone la función pública.

¿O se quiere todo?

¿Se quiere el mando y el palo y, además, no rendir cuentas?