El Estado y los casinos

Con motivo del estado público que ha tomado la situación de los casinos municipales, vuelve a instalarse en el orden del día de las conversaciones y de los análisis la polémica a propósito de las funciones del Estado y, concretamente, si corresponde que éste tenga a su cargo actividades como la explotación de salas de juego.

El tema cobra actualidad, además, en razón de que este año el gobierno piensa abocarse de lleno a elaborar un proyecto de reforma del Estado que seguramente ha de incluir estos aspectos tan controversiales.

El senador Enrique Rubio ha dicho públicamente que es partidario de que la Intendencia Municipal de Montevideo se deshaga de los casinos y que éstos pasen a la órbita privada, esto es, que la explotación de salas de juego sea dada en concesión a particulares. En su última contratapa publicada el martes 13, el senador vertientista esgrime sólidos argumentos a favor de esta solución aportando datos y cifras contundentes que hablan de la inviabilidad económica de los casinos municipales.

El asunto también fue tema de la tertulia de la radio El Espectador en la mañana de ayer, circunstancia en la que afloraron diversos puntos de vista respecto de la conveniencia o no de que el Estado (en el caso, el Municipio de Montevideo) se ocupe de administrar y explotar salas de juego.

Por supuesto que el tema trasciende el caso concreto de los casinos municipales y sirve para replantear cuáles han de ser las funciones del Estado. Ahí aparecen las distintas posturas que reflejan diversas ideologías y doctrinas. Están los partidarios del Estado juez y gendarme, quienes postulan que el Estado debe limitarse a cumplir ciertas funciones básicas como el mantenimiento del orden, la defensa nacional, la administración de Justicia, la enseñanza y la salud; y que todas las otras actividades industriales y comerciales deben ser gerenciadas por privados. Y en el otro extremo, están quienes propugnan la participación activa y lo más amplia posible del Estado en la vida económica del país.

Nosotros entendemos que en este delicado asunto es preciso ser flexible. En primer lugar, tener claro que no necesariamente una empresa estatal ha de ser deficitaria y que el Estado puede perfectamente bien dedicarse a actividades industriales, comerciales o de servicios siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, a saber, que los jerarcas que estén a su frente exhiban solvencia moral y profesional incuestionables y no que sean designados como premio consuelo por no haber logrado los votos suficientes para acceder al Parlamento; que ninguno de ellos practique clientelismo, nepotismo ni amiguismo; que los funcionarios estén capacitados y se los estimule de tal modo de comprometerlos con la empresa; y que la plantilla tenga un número razonable de trabajadores. En definitiva, así funcionan ­y lo hacen muy bien­ unas cuantas empresas públicas de las que nos sentimos orgullosos.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la explotación de casinos, salas de juego, hoteles, y otros rubros de la actividad económica no es clave para el Estado, es decir, no son áreas estratégicas en las que esté en juego el patrimonio nacional, por lo que dar en concesión las salas de juego a privados no implica en modo alguno renunciar a la soberanía ni abandonar al usuario.

Es un tema sobre el que hay que reflexionar para tomar la decisión acertada. *