El fin de otra impunidad

Una información publicada en El País de ayer da cuenta de que el fiscal Fernández Dovat pidió el procesamiento con prisión de cuatro ex jerarcas de OSE por el delito de abuso de funciones, en razón de haberse comprobado severas irregularidades en contrataciones, pago de viáticos, otorgamiento de publicidad y algunas otras decisiones inconvenientes tomadas durante la administración anterior.

Como se recordará, a poco de asumir el gobierno actual, las nuevas autoridades de OSE advirtieron manejos irregulares de sus antecesores y dispusieron una investigación administrativa que estudió minuciosamente la gestión anterior y resolvió pasar antecedentes y conclusiones a la Justicia Penal. Y ahora, el fiscal actuante ha reunido prueba suficiente o semiplena prueba para expedirse y solicitar al juez el procesamiento de los implicados.

En momentos en que la sociedad se ve sacudida por las denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de los casinos municipales ocurridas en el período 2000-2005, este pronunciamiento de un magistrado del Ministerio Público sobre la responsabilidad de cuatro ex jerarcas del organismo constituye un mensaje claro a la población en cuanto a la transparencia y cristalinidad que deben regir en la gestión de la cosa pública. Es un valioso precedente que brinda seguridad al ciudadano en el sentido de que el Estado está alerta y dispuesto a que sus funcionarios sean responsables ante la ciudadanía por los errores o faltas cometidos durante su gestión.

El hombre de la calle, el ciudadano común, necesita volver a creer en las instituciones y en el correcto funcionamiento de los mecanismos previstos en la legislación para prevenir los delitos y para castigarlos si ya se han cometido.

Ese ciudadano de a pie empieza a percibir que la impunidad se va resquebrajando; y no nos referimos solamente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pues tan irritantemente injusta es la impunidad de que gozaron los terroristas de Estado como la que solía amparar a algunos dirigentes políticos (omisos en el cumplimiento de su deber) merced a la actitud cómplice de correligionarios fieles exponentes de la cultura del ocultamiento.

No vale la pena insistir sobre los detalles de las irregularidades constatadas pues el lector puede encontrar en nuestras páginas de información todo lo atinente al asunto. Pero sí corresponde detenerse a reflexionar un poco sobre ciertas prácticas incorporadas desde hace demasiados años al modus operandi del estereotipo del dirigente político uruguayo (y de otras partes del mundo también, bueno es reconocerlo).

Estamos hablando de lo que se conoce como clientelismo, nepotismo y amiguismo, prácticas habituales en aquellos dirigentes intermedios o pequeños caudillos, para quienes pagar votos con favores siempre fue considerado como algo normal. Favorecer o privilegiar a correligionarios, familiares o amigos nunca fue visto como una falta ética y mucho menos como una conducta delictiva. Sin embargo, tales hábitos son contrarios al derecho y a la moral, por más que el otorgante de favores o privilegios a veces no perciba directamente ningún beneficio económico. Dichas prácticas son contrarias a la moral por cuanto consagran flagrantes injusticias al perjudicar a otro ciudadano que quizá cuenta con mejores méritos o con mayor idoneidad que el beneficiado. Y son contrarias a derecho desde el momento que lesionan los intereses del organismo y perjudican al Estado y a la sociedad en su conjunto. En definitiva, pueden considerarse actos de corrupción.

El sistema judicial uruguayo está dando otra lección de independencia, de solvencia técnica y de eficiencia. En razón de ello, la comunidad debe regocijarse y mirar el futuro con optimismo. *