Censurar ministros: un recurso constitucional y democrático

Las decisiones adoptadas por la Mesa Política del Frente Amplio y la bancada de senadores del Encuentro Progresista destinadas a lograr la comparecencia de los ministros de Agricultura y de Economía por un lado, y el de Defensa por otro, han conmovido los ámbitos políticos y parlamentarios.

A justo título, agreguemos, ya que no todos los días se pone tan elocuentemente en el tapete la actitud de la oposición progresista con relación a la actuación del gobierno en distintas áreas.

El momento político es la expresión de una realidad compleja.

La principal fuerza electoral elegida en octubre pasado está fuera del gobierno.

Desde el Poder Ejecutivo, los coaligados de octubre pasado, en un acuerdo suscrito con anterioridad a la segunda vuelta del balotaje, aplican sin atenuantes los lineamientos de la ortodoxia neoliberal que han puesto en boga y regimentan los organismos internacionales.

El resultado de esta orientación tiende a acentuar los efectos de la crisis del modelo y el resultado es que en el país se vive cada vez peor.

La situación es particularmente grave en el área de la producción agropecuaria y los movimientos de protesta del sector, de una amplitud sin precedentes en la historia del país, muestran las consecuencias sociales de la línea económica impulsada.

Como se ha dicho, no se trata de casualidades, ni errores de cálculo sino de la puesta en práctica de una manera de pensar, de unas concepciones económicas que no es que desconozcan sus efectos sociales sino que los asumen, los incorporan al paquete de sus acciones de gobierno. De la ruina, sostiene la filosofía oficial, emergerá la modernización, la competitividad y el surgimiento un nuevo auge productivo.

Los que queden por el camino… que la mano invisible del mercado los ampare.

Al mismo tiempo se produce un luctuoso accidente con un navío de la Armada Nacional que culmina con el hundimiento del buque y la muerte de once de sus tripulantes.

Los pasos adoptados por las autoridades de la Marina y del Ministerio de Defensa durante y después del siniestro, examinados por la Comisión de Defensa del Senado, evidenciaron errores graves, inexplicables carencias y decisiones oscuras y equivocadas, tanto por las máximas jerarquías de la fuerza como por parte del ministro.

Instalados en esas conclusiones, los legisladores y dirigentes del Encuentro Progresista adoptaron el criterio de promover el llamado a sala de los tres ministros involucrados.

Y se opta por el camino más eficaz y más transparente: si las explicaciones que brindan los secretarios de Estado no son satisfactorias, la Cámara donde se realiza la interpelación tratará una moción de censura al Ministro, destinada a promover su remoción.

Este mecanismo, previsto por la Constitución vigente en los artículos 147 y 148, en caso de censura, deja en manos del Presidente de la República el mantener al ministro y, dentro de los plazos que la Constitución establece, disolver las cámaras y convocar a nuevas elecciones legislativas.

Aunque previsto por la Carta Magna, este extremo de disolución y nuevas elecciones no se aplicó nunca en toda la historia del país.

En alguna oportunidad, los propios legisladores oficialistas se situaron de modo tal de no llegar a la situación crítica que podría poner el mecanismo en funcionamiento.

Como es evidente, no sobra el desapego por los cargos legislativos cuyos ocupantes lo son a menudo como resultado de complejísimas ingenierías electorales.

El mecanismo es apropiado y pertinente.

Sacudir las rutinas de un Poder Legislativo que, como el Poder Ejecutivo, no orienta su labor para dar respuestas a las graves demandas sociales es muy positivo desde el punto de vista de la legitimación democrática de las instituciones.

Como es de rigor no han faltado las voces alarmistas que pretender sembrar el pánico ante la clausura constitucional del Parlamento.

Voces que sería bueno oír cuando de lo que se trata es de condenar la lamentable inoperancia de los servicios de búsqueda y rescate o de los desastrosos resultados de la política económica aplicada al agro.