La violencia no lleva a nada

Los términos críticos que ha utilizado el presidente Néstor Kirchner para referirse a la acción de los supuestos ecologistas que en Montevideo pretendían reivindicar los supuestos derechos argentinos violentados con la construcción de la planta de Botnia en Fray Bentos, fueron correctos, pero tuvieron un olvido. Faltó que el presidente argentino explicitara su toma de conciencia de que el conflicto con Uruguay ha estado profundamente trabajado por el absurdo de que cualquiera, en cualquier parte y momento, puede apoderarse de espacio públicos y reivindicar banderas de cualquier naturaleza, violando todas las normas legales.

Y que eso sólo es posible si se pisotea y no se contemplan ni se aplican, por parte del Estado argentino, la diversidad de derechos que consagra la propia Constitución argentina, la que establece normas para hacer viable un mínimo de convivencia social. Y, por otra parte, también se pisotean acuerdos regionales establecidos en el Tratado de Asunción, que viabilizó el funcionamiento del Mercosur.

En una nota editorial el diario La Nación de Buenos Aires pregunta si «nadie parece notar de modo suficiente que un solo provocador, un solo francotirador dispuesto a ejercer por sí una violencia aún mayor sobre los grupos de protesta callejera que la que éstos despliegan a diario, estaría en condiciones de suscitar una escalada temible para todos y, en primer lugar, para el gobierno de turno».

Los hechos hasta el momento son que el azaroso destino ha sido renuente en deparar una desgracia como ésa que afectaría de manera casi brutal a los países con derivaciones impensables y difíciles de medir en su magnitud. Pero la situación de enfrentamiento se mantiene y nadie está en condiciones de desmentir que el peligro siempre acecha. Por ello nos preocupó también en esta columna la respuesta al piquete argentino con la formación de un piquete uruguayo, que actuó con el mismo grado de sectarismo e irracionalidad antidemocrática.

Se dirá que los piquetes en Entre Ríos están ejerciendo la violencia, lo que es indiscutible y debemos señalar que nos parece que ni el gobierno provincial ni el nacional argentino han hecho esfuerzos para encauzar hacia la racionalidad protestas que además de dañar el interés uruguayo, atentan contra el de los propios argentinos, porque sólo la ley y la autoridad que de ella emana podría privarlos, en excepcionales circunstancias, del derecho de libre tránsito, de comercio, de trabajo, en fin, de vivir sin coacciones ajenas al derecho.

La voluntad de preservar el derecho ambiental no es patrimonio de ninguna patota de ningún piquete, sino una derivación legal del ánimo colectivo de cultivar las mejores condiciones de vida para la actual y las futuras generaciones. Y es verdad, como sigue La Nación, «que la autoridad moral del país no es, por sus antecedentes, la más reconocida mundialmente en la materia. Pero ni el más equívoco de los ejemplos que puedan darse sobre Argentina ­y, sin duda, el más elocuente y antiguo es el del Riachuelo­ alcanzaría para descalificar la obligación que tenemos todos de afirmar una política de creciente cuidado del medio ambiente».

A esta altura, descontando la ecuanimidad de la mediación española, cuando se está por retomar el diálogo entre los dos gobiernos, es evidente que debe alentarse y proponerse medidas prácticas que lleven a una solución del largo diferendo. Uruguay no está en condiciones de bajar los brazos ante la prepotencia de los piquetes y desentenderse de apoyar las obras en una planta de punta, con garantías plenas de no ser contaminante, que además coincide con su política de apertura al capital de riesgo extranjero.

Pero tampoco dejará de actuar y adoptar cuanta resolución sea necesaria para garantizar que no ocurran perturbaciones ambientales que afecten la salud humana.

Nadie, entretanto, debe esperar que Argentina renuncie, por los medios legítimos que correspondan, a tener un papel de fiscalización de los daños eventuales que puedan producirse con la puesta en marcha de la planta en cuestión.

Es un derecho obviamente indeclinable que le corresponde y se le debe reconocer, por más que organizaciones internacionales anticipen que los problemas ambientales nunca pasarán de niveles tolerables según normas en vigor. *