La soberbia política de hoy

José Luis Sampayo Pírez

Hay una coincidencia cada vez mayor entre los uruguayos, en que hoy el país padece tal vez, una situación de deterioro social más grave aún que la que hizo eclosión en la segunda mitad de los años sesenta, cuya consecuencia fue aprovechada por quienes ensombrecieron luego la nación por casi tres lustros.

En aquellos momentos, las experiencias macroeconómicas impuestas por los organismos financieros mundiales encontraban al Uruguay con una cierta solidez estructurada en la base de un parque industrial eficiente que aún peleaba mercados, un campo productivo y rentable y un sistema social muy firme, donde el trabajador no tenía la inseguridad de una legislación que, como hoy, confundía flexibilidad con sumisión y esclavitud. Todo este entorno le daba al mercado interno la dinámica natural de un pueblo que trabajaba y que por lo tanto era dueño de un grado de consumismo bastante regular y suficiente de acuerdo a la época.

En aquellos tiempos había posibilidades alternativas a la recesión y en el Parlamento se discutían todas las leyes. Rendiciones de Cuentas, Presupuestos y hasta Medidas Prontas de Seguridad represivas contra la gente, no eran votadas a «tapa cerrada». En algunos casos se dieron discusiones épicas, con memorables interpelaciones que sin dudas son ya históricas. En síntesis: no había «corporaciones amansadas» como son hoy las de los partidos tradicionales. Hoy el Parlamento «recibe órdenes de arriba» y se vota o se vota. Quienes forman la suma mayor de votos se han transformado en algo muy similar a un «Consejo de Estado» con etiqueta democrática.

Estamos en tiempos peligrosos. Hay ya numerosas coincidencias en este sentido y no es bueno esconder la cabeza como el avestruz. La suma de factores que dan como resultado la actual inestabilidad social, requiere por lo menos un poco de «oreja» hacia la gente. Hace un tiempo una diputada, se enojó en la Cámara porque le habían robado ganado de su estancia. Otra, que habla poco o nada, la imitó cuando le robaron su casa. Un senador se enoja con la Justicia porque no se procesa a un legislador que oportunamente le acusara de actitudes delictivas durante su gestión como ministro y cada vez que hacen estas cosas, se tiene la sensación de que la gente no cuenta y que solamente cuentan ellos para defenderse cuando se les señala como incapaces de ser verdaderos portavoces de la ciudadanía que los eligió.

A ningún legislador del oficialismo albirrojo le oímos expresar preocupación por los 140.000 jubilados y pensionistas que cobran menos de $ 1.800 por mes o sea que deben vivir con $ 60 por día. Ello es consecuencia de la vigencia de decisiones políticas nefastas, tales como la Ley 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y la fijación arbitraria por parte del Poder Ejecutivo de un Salario Mínimo Nacional ridículo de $ 1.060, que significa solamente una tercera parte del mismo SMN de 1970 y cuyo mantenimiento obedece simplemente a la decisión de mantener sumergidas las pasividades. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son los directos responsables de la indigencia en que vive toda esta gente, sin embargo, sus integrantes se pasan enviando señales de humo. El deterioro de las instituciones empieza por ahí. Un padre de familia que no encuentra trabajo para mantener a sus hijos, un trabajador al que le rebajan el sueldo, un adolescente que no puede estudiar porque su familia no tiene recursos, un jubilado que recibe una indigna dádiva, no pueden pensar que las instituciones legalmente constituidas están para defender sus derechos si quienes las integran se conducen de esta manera. Piensan que los están estafando y el sufrimiento a que están sometidos nos hace darles la razón; es que tienen razón.

Hoy la mayor parte de la ciudadanía piensa que los responsables de las decisiones políticas que atentan contra la gente están promoviendo una desestabilización institucional. Cuando en el análisis de esas decisiones surge la realidad de que mintieron sobre la solidez económica que teníamos, cuando las propuestas de solución pasan por vender el patrimonio y vienen nada menos que de un ex presidente y cuando la intolerable adulonería del séquito del poder aplaude, consciente o inconscientemente, están dando pasitos hacia un abismo. Claro, después a ese abismo no caen ellos, sino los que luchan por un país mejor. Me parece oportuno señalarlo antes de que las cosas sucedan. Primero, porque estamos a tiempo de que no sea así y después, porque si algo pasa, como en 1973, los que salen a la calle no son ellos, sino la gente de pueblo, los luchadores sociales, los trabajadores, jubilados y pensionistas que fueron los que, a partir del 85 les permitieron que otra vez se sentaran en lugares donde solamente debería tener cabida la verdad, la dignidad y la moral de auténticos representantes del pueblo. Todo esto seguirá muy cuestionado si las únicas preocupaciones de los hombres públicos que se juntan para decidir sobre la vida de un país, son las de vender el patrimonio y repartirse los cargos de la administración, mientras que aquí abajo el calor en cualquier momento hace arder la llamita que después puede ser muy difícil de apagar.

 

* Integrante del equipo de representación de los pasivos en el BPS