Nuestra tierra, nuestros hombres y sus alternativas

Muchos surcos han corrido entre las piernas de nuestros hombres de campo, y mucho sudor ha regado esos surcos, desde una polémica que mantuvimos con El Día, a propósito de la tenencia de la tierra. Tres gobiernos han pasado sobre sus cabezas sin que los gobernantes bajaran sus ojos a mirarlos. Y algunas iniciativas que desde las esferas del poder se hicieron, fueron pautando rasgos de la postura del ex diario de 18 y Yaguarón.

Indicio definitorio lo fue la exposición del doctor Jorge Batlle, entonces senador de la República, cuando fundamentó a favor de la propuesta del senador herrerista Ignacio de Posadas, de eliminar el artículo de la ley que impedía la creación de sociedades anónimas al portador para la propiedad y explotación del campo uruguayo.

La propuesta tuvo éxito, y un jalón de importancia en la concepción de la gran empresa agraria como motor del desarrollo fue consagrado. Con la casi totalidad de votos del Partido Colorado y de su asociado –nada nacionalista– en la oportunidad.

Así las cosas hasta estos comienzos del inquisidor año 2000, cuando entre los reclamos, cada vez más agudos, de los hombres de nuestra tierra, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento el Presupuesto quinquenal. Pieza principal que refleja en números la clave filosófica del gobierno. Pieza que debe manejarse con pinzas ya que arde de fervor conceptual.

Y es del caso que en ese Presupuesto Nacional se dan dos estocadas de muerte al Instituto Nacional de Colonización, organismo representativo de lo más propio y apropiado que se ha concebido en el país en materia de su explotación agropecuaria. Desdeñado en décadas pese a su actualidad creciente como instrumento de desarrollo económico, pero también y fundamentalmente, como articulador de entidades socioculturales locales y regionales que deben sostener la identidad nacional ante la creciente injerencia de los pujos globalizantes.

La primera estocada: el presupuesto asignado a Colonización es de broma: $13.944.000 para el ejercicio 2000; $ 10.458.000 para 2001; $ 6.972.000 para 2002; y $ 3.488.000 para 2003. Para 2004 no hay presupuesto.

La segunda estocada: en la Ley de Presupuesto se propone eliminar el artículo 35 de la Ley de Colonización, artículo que le confiere al Instituto la prioridad en la compra de tierras que se pongan a la venta.

El comentario a los dos incisos presupuestales es obvio: la asignación de rubros insuficientes llevará a la muerte lenta del Instituto, prevista para el año 2004, y la eliminación del artículo 35 le quitaría, de inmediato, el poder específico que el Instituto tiene como arma defensiva y ofensiva para su mantención y desarrollo vital, y significaría asimismo la anulación de un instrumento capaz de retener las tierras en manos nacionales aptas. Capaces de su ordenación según principios territoriales, ambientales y de justicia social. Comprendidos los elementos culturales locales, regionales y nacionales que significan nación propia: patria.

Vale transcribir el texto: «A los efectos de esta ley, por Colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural».

Y sostenemos que vale la definición, hoy y ahora, porque el espíritu y la forma de la Ley de Colonización, dejando aparte su actualidad ya descrita, es significativa de un modelo artiguista vivo en estos momentos de glorificación del héroe nacional, cuya anulación entra en profunda contradicción con los homenajes y conceptos de todo elogio expresados en el sillón presidencial.

Y significaría un contradicción aun más profunda de ese sitial de privilegio nacional, por cuanto la Ley de Colonización fue consagrada por el gobierno de don Luis Batlle, y sin duda representa lo más profundo del pensamiento artiguista que se expresó en el Reglamento de Tierras.

Poca discusión ha tenido el tema; muy poca. Debe alertarse la sociedad ante ello, y las instituciones representativas tomar la palabra. Una discusión en profundidad sobre Colonización en particular llevará de la mano a una discusión debida, también en profundidad, sobre el destino del Uruguay agrario.

La conciencia artiguista lo exige, y el futuro de nuestros hombres y generaciones de la tierra también.