Del carné de asistencia al debido proceso

Siempre rechazamos los juicios sumarios, y las resoluciones resultantes de la fragua de la pasión y de las informaciones primarias preñadas de sorpresa, oportunismo y en algunos casos de indignada incredulidad. El episodio de la intervención quirúrgica y la obtención del carné de asistencia en Salud Pública por parte de un senador de la República, sólo previstos para quienes carecen de medios económicos, es uno de esos casos.

Personalmente no conozco la vida privada del protagonista de estos hechos, que pocos años atrás fuera también eje de otra situación, definitivamente clara en cuanto a su inconducta. Pero aquello no fue impedimento para que ocupara un lugar privilegiado en las listas que le permitieron estar ejerciendo la senaturía nacional desde el comienzo del actual período, integrando el grupo más importante del partido en el gobierno.

Mis comentarios de hoy deben quedar pues enmarcados en el perímetro de lo externo de la conducta trascendida y con el frágil sustento de una información insuficiente.

Incursiono desde ellos para rescatar una vez más el superior principio del debido proceso, como garantía esencial en todo caso y circunstancia. Comienzo por decir que estos mecanismos de moda, «condene primero y averigüe después,» empleados con alarmante frecuencia, me parecen democráticamente lamentables y contrarios a la esencia misma de la justicia en cualquier terreno de la vida.

Mucha sangre, tiempo y sacrificio llevó a la civilización humana la construcción primero y la puesta en práctica después, de este principio esencial del derecho humano fundamental del debido proceso.

Estos apresuramientos reconocen una misma raíz con los utilizados ayer para seleccionar a quien detener y torturar o a quien darle un tiro en la nuca al salir de su casa, porque se le consideró un factor de salvaje conveniencia en un enfrentamiento. Cambia la magnitud del resultado, pero el mecanismo es el mismo.

Estamos ingresando al tiempo de un peligrosísimo tipo de cirugía ética exploratoria con extirpación preventiva y sin más trámite.

El mecanismo garantizado por el debido proceso es simple:

Ante un hecho de apariencia irregular, comienza la averiguación inicial que constate su existencia, el informar al involucrado para que efectué sus descargos, el proceso de la prueba que se aporte por las partes, la evaluación técnica objetiva e imparcial después de la garantizada intervención del involucrado y finalmente la resolución que por definición siempre es mejor sea apelable ante otra entidad diferente que la que falló en primer lugar. Esto no significa que no deba suspenderse preventivamente en sus funciones a quien es investigado, si resulta necesario a la luz de los eventos en examen. Pero siempre como medida provisoria. La averiguación en ningún caso puede comenzar por la destitución o la renuncia forzada.

Cualquier atajo en estos caminos complejos pero garantistas, debe rechazarse.

Resolver para la tribuna, bajo el pretexto de cuidar la imagen de un partido o grupo de personas, sacrificando el debido camino para llegar a la verdad y ser justos con la imprescindible defensa de quien sufrirá las consecuencia de sus actos ­cualquiera fueren­ es contrario a los principios esenciales del sistema de un Estado democrático de derecho y a los derechos humanos fundamentales.

No estamos en condiciones de juzgar el hecho puntual de apariencia y con matices descalificantes en el caso concreto. Queremos ­aun contra la corriente­ salvar el principio esencial de la justicia, porque el prejuzgamiento y la resolución apresurada no sólo son malos consejeros, sino que contravienen el sistema de garantías que nos protege de la injusticia, del daño irreparable y de la tentadora oportunidad de hacer leña del árbol caído.

Ojalá que se cumplan los procedimientos, para que en la culpa y sus grados o en la inocencia, quede establecido claramente que no se actúa para salvar las apariencias. Que con el cuidado y la reserva del caso se cumplan las etapas debidas informándose luego los detalles y el fundamento de la resolución final, cualquiera fuere.

Es verdad que hay que ser bueno y parecerlo, pero no se puede juzgar la vida y las conductas sólo por las apariencias, sin garantías y apresuradamente para salir del tema.

Cuando alguien de las filas de cualquier organización incurre en inconducta, políticamente siempre habrá alguna responsabilidad política «in eligendo» de quien lo seleccionó para ocupar un cargo o un lugar en una lista, responsabilidad de la que no se sale con drásticas y forzadas actitudes, como podrá haber otras responsabilidades de quienes dejaron pasar situaciones tan públicas como evidentes.

El punto central es que esa condena en cualquier terreno de la vida debe ser la resultante de certezas y jamás de la presunción de una inconducta con evidencia superficial de verdadera.

En democracia, la presunción es de inocencia, mas allá de la convicción de la opinión publica solventada en base a informaciones incompletas.

Siempre está latente el desvió de conductas.

Algunos hechos ­en algún caso de enorme gravedad­ son anteriores, y hoy están purgados o han sido cuidadosamente maquillados u olvidados desde la manipulable memoria de los pueblos. Algunos otros seguramente están en curso más allá de que sean conocidos y que se sepan con el tiempo.

«Que nunca tengas inconductas, pero si te acusan de alguna, que siempre tengas por garantía que sean justos contigo y cuentes con la oportunidad de defenderte, pero también es necesario que seas justo cuando debas juzgar a los demás». Esta es quizás una premisa esencial de la vida y un buen legado para trasmitir a nuestros hijos.

Lamentamos el incidente y el problema de salud del compatriota. Si se equivocó y los hechos son tales como trascienden, entonces le erró y feo y deberá asumir una vez más las consecuencias de sus actos, pero aun así tiene derecho a que se le juzgue con justicia y sin artificiosos apuros.

No es bueno juzgar pensando en otros intereses estratégicos, porque juzgar es un acto de recato que requiere la tranquilidad y el equilibrio del que debe decidir la suerte de otro. Las ruedas de prensa oportunistas y las declaraciones altisonantes no son buenos instrumentos, cuando de lo que se trata es de ser justos en base a la verdad, garantizando la debida oportunidad de defenderse. *