Un Parlamento devaluado

Hace ya varios lustros que se observa en el Poder Legislativo un régimen de funcionamiento que, de hecho, desnaturaliza en parte la esencia misma del mencionado Poder. El Parlamento es, entre todos los poderes, el más representativo de la soberanía, la cual radica en la Nación (artículo 4º de la Constitución). Dicha representatividad se debe a que el Poder Legislativo está integrado por los mandatarios elegidos directamente por la ciudadanía, bajo el sistema de la representación proporcional. Ello asegura el pluralismo democrático parlamentario y confiere al Poder Legislativo el carácter de un verdadero ‘mapa’ de la opinión ciudadana expresada electoralmente. No es casualidad que, por ejemplo, el golpe de Estado de 1973 tomara como primera víctima institucional al Poder Legislativo, disuelto sin más trámite y después ‘sustituido’ por un burdo remedo de Parlamento llamado Consejo de Estado.

Pero luego de la restauración democrática y de manera cada vez más asidua, un alto número de las leyes más importantes casi no se discute en el Parlamento. Es decir, no existe la sana y fructífera confrontación de ideas y argumentos que hace la esencia de ese Poder tan democrático en el texto constitucional.

Para lograr tal desvío jurídico y político, la auténtica discusión plenaria de muchas leyes es asumida indebidamente por cónclaves de los sectores oficialistas que acuerdan determinados proyectos de cuyo contenido muy pocos se enteran. Allí se trata y resuelve lo que debería considerarse en el Parlamento, y con frecuencia en medio de determinadas condiciones que unos sectores imponen a otros, subordinándose los apoyos a la obtención de beneficios con dudosa ética política. Agréguese que en dichos conciliábulos suelen participar no sólo legisladores, sino también (en forma directa o indirecta) dirigentes partidarios que no poseen mandato alguno de la ciudadanía. Una vez contabilizados los probables votos que homologarán en las cámaras los proyectos ya resueltos de manera tan particular, éstos son llevados al Poder Legislativo donde, con la mayor celeridad posible, para impedir que la oposición se haga oír suficientemente –aunque represente a la principal fuerza política del país y ocupe el 40 por ciento de los escaños– podrán así las minorías coaligadas sancionar con comodidad lo que ha sido elaborado entre bambalinas.

Pero el Parlamento sufre una desnaturalización que crece de modo constante no sólo en sus competencias legislativas. Es así que cuando la oposición simplemente solicita datos e informes a los ministros o demás organismos mencionados en el artículo 118 de la Constitución, o bien aprueba hacer venir a Sala a un ministro, o bien se propone constituir una comisión parlamentaria de investigación o de suministro de datos con fines legislativos, el oficialismo reacciona indignado, como si fuera víctima de un agravio moral, acusando a la oposición de obstrucionismo, politiquería, etcétera. ¿Acaso el Parlamento no tiene, además de su función legislativa en sentido estricto, la de contralor de la Administración, tal como lo establece el texto constitucional?

Hace muy poco tiempo, algunos legisladores oficialistas criticaron con dureza ciertas intenciones aún no concretadas de llamar a Sala a algunos ministros. Dichos parlamentarios se basaron en que, según su criterio, las llamadas ‘interpelaciones’ (que no son tales sino, repetimos, meros llamados a Sala) «no conducen a nada». Con conceptos de este tenor, los legisladores oficialistas no sólo ofenden al Parlamento sino también a sí mismos, porque forman parte de él.

Es imperioso devolver al Poder Legislativo la irrenunciable dignidad institucional que está perdiendo, con perjuicio directo para una democracia auténtica y no meramente formal.