Ciencia y tecnología: en defensa del Conicyt

Enrique Rubio *

A raíz del continuo avance de la ciencia y de los adelantos tecnológicos que se van integrando a la vida cotidiana, la cuestión de la ciencia y tecnología ha salido de los ámbitos universitarios y del gabinete del investigador, o adquirido relevancia e integrado al debate político. Mucho nos alegramos, ya que creemos que el Uruguay tiene condiciones para desarrollarse en la materia y el avance científico-tecnológico puede y debe transformarse en una importante palanca del crecimiento nacional. Consideramos positivo que este debate se desarrolle a la luz pública, con la participación del sistema político, de los actores directamente involucrados, y con pleno conocimiento del conjunto de la sociedad.

La situación actual

La ciencia y tecnología de nuestro país sufren una carencia crónica en cuanto a inversión y tienen como principales características el financiamiento básicamente público, la ejecución fundamentalmente universitaria y la baja demanda productiva y empresarial. Los montos destinados a tal fin nos colocan por debajo del promedio latinoamericano, que ya es sensiblemente menor al del mundo desarrollado. La cantidad de investigadores nacionales, de buscadores de nuevos conocimientos y aplicaciones, es reducida (se ha estimado en 300 por millón de habitantes) y la mayoría de ellos (más del 80%) se encuentran en la Universidad de la República, enfrentados a la estrechez permanente del presupuesto universitario. En nuestra región predomina el gasto público –que se ubica en el entorno del 90%– sobre la inversión privada, realidad bien diferente a la que observamos en otras regiones del mundo. A título ilustrativo, en los EEUU se registra un 36% de gasto público y un 64 % de gasto privado. En los países desarrollados, la vinculación entre el mundo científico y el mercado es sólida, y de esa forma la investigación encuentra financiación privada, ya que su trabajo se dirige a la solución de los problemas que enfrenta el aparato productivo. En nuestro país, lamentablemente esto no es así, salvo excepciones. Hemos sido principalmente consumidores de tecnologías importadas, subestimando la creatividad y el nivel académico de nuestros científicos.

En lo institucional, buena parte de las decisiones en la materia, la selección de numerosos proyectos y el rumbo de inversiones importantes se resuelven por representantes del Poder Ejecutivo, de la Universidad de la República, del sector universitario privado y del sector productivo nacional en el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt).

¿Qué es el Conicyt?

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicyt) fue creado en el año 1961 y ha sido el administrador de recursos invertidos con ese fin. Originalmente tuvo siete delegados del Poder Ejecutivo y cuatro de la Universidad de la República, pero a partir del año 1999 pasó a integrarse con siete miembros del Poder Ejecutivo, cuatro de la Universidad de la República, un representante de los institutos universitarios privados y dos representantes del empresariado privado. Su integración plural lo habilita para un fecundo intercambio a partir del cual se determinan objetivos e instrumentos de la investigación nacional. Lo esencial de esta estructura es que existe un ámbito deliberativo con potestades para formular recomendaciones en la órbita correspondiente y un órgano administrativo que es la Unidad Ejecutora.

El ámbito deliberativo es idóneo para crear los puentes necesarios por donde transiten demandas de soluciones tecnológicas, fondos para la investigación y resultados, permitiendo que el avance científico sea impulsado no solamente por el Estado y las universidades sino también por el sector privado.

La propuesta presupuestal

El proyecto de ley presupuestal a través del contenido de los artículos 211 al 218 crea la «Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» concentrando en ella todo el poder de decisión y gestión en la materia, eliminando al Conicyt como unidad ejecutora y transformándolo en un consejo meramente asesor que tendrá los cometidos que la reglamentación le asigne.

El cambio así propuesto es un cambio que concentra en una sola persona, el director de la Dirección que se crea, todos los cometidos vinculados a la Ciencia, Tecnología e Innovación, incluso el de administrar los fondos de cualquier origen que le sean asignados, y administrar y ejecutar los proyectos de desarrollo resultantes de contratos de préstamos celebrados con organismos multinacionales.

Lo que necesita una política de desarrollo en Ciencia y Tecnología es el tendido de puentes entre la investigación y la producción, entre la generación del conocimiento y la aplicación del mismo. Reducir al Conicyt a un mero asesor eventual y no jerarquizarlo como el lugar donde naturalmente deben crearse esos puentes vitales para el despegue de nuestra ciencia, nos parece un error mayúsculo.

A través de esta modificación se propone un estilo de gestión concentradora de las decisiones en pocas personas, todas ellas del ámbito político, sin mayor participación del ámbito científico ni del productivo.

No nos parece lo adecuado; pensamos que hay que mantener en ámbitos plurales el análisis y las decisiones. De esa forma serán mejores sus resultados y más transparentes las opciones que se tomen.

La transparencia es un aspecto que no es menor, ya que los montos manejados, si bien a escala país pueden parecer escasos, son de una magnitud que exige ser cuidadoso en los procedimientos que definen a sus destinatarios. A modo de ejemplo, el nuevo proyecto BID-Conicyt (Programa de Desarrollo Tecnológico II) significará la suma de 56 millones de dólares, sumando los 30 que aporta el BID, 14 de aporte gubernamental y 12 de distintas empresas. El tema de fondo es quién conduce, orienta y administra con las adecuadas garantías un programa de esa envergadura, que va a ser el más importante del período; y en ese sentido reivindicamos la gestión del Conicyt, que manejó con solvencia el primer plan que significó un volumen de recursos de 35 millones de dólares.

El modelo institucional planteado relega al Conicyt a un papel secundario y aleatorio. La Universidad de la República, a través de su rector, el ingeniero Guarga, manifestó su oposición a la propuesta, y al respecto se estableció una instancia de diálogo institucional con el Ministerio de Educación y Cultura. En su concurrencia a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, los representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay manifestaron su preocupación por la pérdida de jerarquía del Conicyt, y por reciente nota la CIU ha solicitado que se le permita incorporarse a las conversaciones; el propio ministro Mercader ha asegurado recientemente ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados que el tema ciencia y tecnología va a seguir siendo manejado en un ámbito plural. Pensamos que es necesaria la búsqueda de una alternativa que considere adecuadamente la tradición y el papel histórico jugado por el Conicyt. Sería saludable y tranquilizador que de estas conversaciones surgiera un nuevo texto legal que lo refleje claramente.

 

* Senador del EP-FA