Ante la decisión de La Haya

Cuando llegue esta edición de LA REPUBLICA al lector, seguramente ya se estará conociendo la decisión de la Corte de La Haya en torno a los cortes de ruta, tema en que el gobierno uruguayo tiene puestas expectativas positivas, porque, obviamente, el alto tribunal de Justicia, en ningún caso podría definirse a favor de los piquetes que interrumpen el tránsito regional; son un escollo al turismo e impiden que centenares o miles de trabajadores de los dos países cumplan con regularidad sus tareas.

Lo que falta saber es cuál será la reacción del gobierno argentino que, obviamente, no debe tener ninguna esperanza de recibir ningún fallo favorable ni siquiera medianamente positivo. En todo caso lo único que podría lograr, en una posición de máxima, sería que el tribunal se declarara incompetente en el tema, lo que también ­según la opinión de analistas­ es poco probable.

Si el tribunal declara la ilegalidad de los cortes de ruta y adopta una medida cautelar, de aplicación obligatoria para la Argentina y ésta no la cumpliera por una actitud renuente del gobierno de Kirchner, esto determinaría la automática habilitación de Uruguay para presentar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, extremo que no parece estar en los planes de nuestra Cancillería.

Si por el contrario el gobierno argentino disuadiera a los piqueteros a alejarse de la rutas, restableciendo el tránsito hacia los puentes internacionales, inmediatamente estaría visando la apertura del diálogo con el gobierno uruguayo con el que se comenzaría a considerar, seguramente, las alternativas de solución que planteará en los próximos días el representante de la corona de España, embajador Juan Antonio Yáñez, que está por arribar al Río de la Plata.

Las alternativas de establecer una salida de los flujos de la planta de Botnia lejana a Gualeguaychú, con el fin de evitar toda posibilidad, hasta accidental, de contaminación, y la creación de una isla con importante vegetación para eliminar la llamada «contaminación visual» sobre la que reclaman los «ambientalistas», son dos concesiones bastante peregrinas, pero necesarias para lograr lo que se llama la «aprobación social» al emprendimiento y, si es posible, poner punto final al enojoso conflicto que ya lleva, en razón del aliento dado al mismo por las autoridades provinciales y nacionales argentinas, un plazo innecesariamente largo.

Pero recordemos, para aclarar bien el panorama, que la ciudad de Gualeguaychú se encuentra a 40 kilómetros de la planta de Botnia y el balneario más cercano al emprendimiento, a 9 kilómetros.

Es evidente que los piqueteros de Gualeguaychú se han sentido apoyados desde siempre para mantenerse sobre las rutas y, además, deben contar con algún tipo de financiación que les permite una sorprendente movilidad. Recordemos la ridícula acción propagandística de la reina del carnaval de Gualeguaychú, concretada en Bruselas ante los mandatarios iberoamericanos, que contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la propia gobernación entrerriana.

Sin embargo, si bien debemos ser optimistas porque la razón y la legalidad están de nuestro lado y es evidente que los piquetes en Entre Ríos están violentando la ley internacional y, por supuesto, impidiendo el tránsito de los propios argentinos, debemos abrir un signo de interrogación sobre las medidas que adoptará el gobierno argentino que no ha enviado ninguna señal al respecto, lo que es preocupante.

Los piquetes «ambientalistas» han declarado que, redoblando su ilegalidad, seguirán cortando las rutas aunque el fallo sea negativo y la Corte de La Haya adopte una medida cautelar de cumplimiento obligatorio.

El affaire del agua mineral en la reunión de Río es bien ilustrativo de la actitud beligerante, agresiva, del gobierno argentino. *