Los estados del alma

Raúl Olivera

l movimiento sindical ha encarado la lucha en defensa de los Derechos Humanos, como una parte esencial de la profundización y la afirmación de la vida democrática del país.

En ese sentido, las desapariciones forzadas de personas ocurridas en nuestro país, y que aún se mantienen, son una de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte del Estado en manos de la dictadura cívico – militar.

Es una parte de nuestro esfuerzo lograr la verdad histórica, que aún se le debe a la sociedad uruguaya. Verdad histórica que debe recoger todas y cada una de las formas en que se materializó el terrorismo de Estado.

El propio decreto del Poder Ejecutivo de creación de la llamada «Comisión para la Paz», hace mención a la verdad histórica. Sin embargo, esa verdad histórica, para que sea verdad, deberá recorrer todos los niveles de esas violaciones.

En estos últimos tiempos han ocurrido algunos hechos, y otros están en pleno desarrollo sobre los cuales nos parece importante decir algunas cosas.

Por un lado, las declaraciones del general (r) Iván Paulós en un programa televisivo; y por otro la iniciativa del presidente Batlle y el voto favorable en Comisión de los parlamentarios blancos y colorados para transformar a un torturador en integrante de la Suprema Corte de Justicia. Nos referimos al coronel (r) Angel Alberto Neira.

El coronel Angel Alberto Neira es un integrante de una promoción de oficiales de Infantería, entre los cuales se encuentran, entre otros, conocidos torturadores, desaparecedores y asesinos, como Ernesto Ramas, Arquímedes Maciel, Alfredo Lamy, Pedro Mato, Germán Carbone, Walter Miralles, José Baudean, Carlos Calcagno, etcétera.

Las declaraciones a que hacemos referencia de quien fue instructor del Liceo Militar –nos referimos al general Paulós y a la institución de enseñanza militar a la que se refirió «El Sabalero»– estos militares «pudieron», aunque no lo puede «afirmar ni negar» haber cometido «algún exceso», pero estos «errores fueron mínimos comparados con los beneficios que el país obtuvo».

Para el Gral. Paulós, militares como Neira a quien Battle y sus apoyos políticos pretenden premiar nombrándolo integrante del máximo órgano de la Justicia, fueron los «cirujanos» que le salvaron la vida al país y a los que ahora «les recriminamos por la cicatriz que nos dejó».

Veamos la «operación», del aspirante a integrante de la S.C.J: En la madrugada del 4 y 5 de abril de 1975 fueron secuestradas 23 personas, la mayoría trabajadores de la Administración Nacional de Puertos. Conducidos al Cuartel del Batallón de Infantería Nº 2; comienzan a ser torturados.

Todas las actuaciones judiciales, incluso las producidas en 1975, es decir en plena dictadura, registran las torturas de que fueron víctimas: capucha, plantón, picana eléctrica, submarino en aguas nauseabundas, quemaduras, golpes en el cuerpo y en el rostro, aislamiento en celdas a rigor, entre otras.

A consecuencia de esas torturas, a los tres días, muere Omar Rodríguez.

Los oficiales a cargo del procedimiento y de los apremios físicos, eran los entonces capitanes Ángel Alberto Neira y Germán Carbone.

A propósito de la muerte por torturas de Omar Rodríguez, el dictamen de las autoridades forenses establece: «cianosis de cara y cuello. Hematoma de reciente formación en la cabeza. Pulmones congestivos con zona de hemorragias. Corazón: dilatación auricular. Hígado congestivo. Insuficiencia pulmonar aguda por stress».

Por su parte, otro de los detenidos afirma que el capitán Carbone «mató a Omar Rodríguez a garrotes, con golpe de porra en la cabeza».

Dijo el general Paulós que «es doloroso que muera una abeja, a mí no me gusta que muera una abeja, pero cuando se está en la guerra, ya se sabe de antemano que van a haber hechos relacionados con esta circunstancia». ¿Es esa la lógica que impartía el general Paulós cuando era instructor del Liceo Militar? ¿Podremos algún día saber qué se enseña a los jóvenes en los liceos y escuelas militares, para que lo discuta la sociedad, como lo ha hecho por ejemplo con los manuales de educación sexual para la enseñanza pública?

Los ciudadanos detenidos el 4 y 5 de abril de 1975, que sobrevivieron luego de casi 3 meses de detención ilegal, acusados primeramente de supuesto contrabando de armas para una organización sediciosa y luego de supuestos delitos comunes, sufrieron posteriormente secuelas gravísimas de las torturas de que fueron objeto. Tres de ellos, fallecieron, otro debió ser asistido psiquiátricamente, perdió dientes y el oído izquierdo; otro padeció gran depresión, artrosis e insomnios; otro alteraciones psíquicas, llantos, difunciones sexuales; otro secuelas importantes de disco lumbar de la que quedó rengo; otro miopía y problemas en los testículos; otro amnesia, sordera y úlcera; otro intento de suicidio; otro cáncer de piel donde le aplicaban la picana, etc, etc.

Una opinión vertida en el expediente judicial donde se trató este asunto, emitida por el Dr. Guido Berro, que fuera propuesto por la Universidad de la República y designado por el Juzgado para expedirse respecto de las secuelas y la causa de las torturas, establece: «La tortura es un modo deshumanizado de poder con distinto grado de sofisticación y violencia, que es algo más que una enfermedad. Desde el punto de vista médico, en la tortura se observan muchos elementos comunes a todo trauma agudo, como son: la intensidad y masividad de la agresión física y psíquica, el carácter de amenaza vital extrema, un importante grado de impotencia, constituye el más severo de los stress psico- somáticos que ocasionan sentimientos de pérdida, de confusión, de desvalorización. En cuanto al grupo familiar del sujeto pasivo de la tortura, se ve afectado desde el primer momento, sufriendo la crueldad aplicada a un integrante de su grupo y por otra parte el sufrimiento del mal trato a un detenido hace que este tema por su familia y a su vez ésta teme por lo que le pueda pasar a un familiar preso». En cuanto a las torturas que se relatan en este caso, el Dr. Berro establece con relación a las consecuencias que podrían dejar esas acciones, que son «secuelas traumáticas físicas, lesiones osteoarticulares, musculares, vasculares, nerviosas, con distinta gravedad y consecuencias. Las torturas pueden ocasionar la muerte, pero también sobrevenir durante la práctica del llamado submarino por asfixia, arritmia o crisis hipertensiva con hemorragia cerebral, patologías infecciosas que se presentan durante la presión, enfermedades gastrointestinales donde juega un rol importante el stress; los plantones prolongados pueden producir várices de miembros».

Finalmente, la Dra. Estela Jubette, autora de la sentencia en la que se incluye este informe del Dr. Guido Berro, rescata del mismo este dato: «Que entre 67 pacientes liberados políticos en nuestro país, entre 1984-85, el 40,3% presentó patología psiquiátrica, sin antecedentes previos y dentro de ese grupo el 70,4% de tipo neurótico y el 29,6% de tipo psicótico».

No podemos a esta altura y luego de transcribir estas opiniones técnicas y científicas de un médico forense, como lo es el Dr. Berro, que volver a las manifestaciones del general Paulós a propósito de la práctica sistemática de la tortura en los centros de detención y en los cuarteles. Dice el ex jefe de los Servicios de Inteligencia de la dictadura: «La guerra es una tortura en sí misma, no es solamente para los prisioneros, lo es también para los combatientes». También dijo en otra part
e de sus declaraciones: «Somos herederos del sentimiento artiguista, de la mentalidad artiguista, que nunca fue un asesino ni un sanguinario, desde la Batalla de Las Piedras cuando pide clemencia para los vencidos».

Más arriba nos referíamos al libro de sexología «Escucha, aprende, vive», que tanta polvareda desató. Nos preguntamos, si el general Paulós, que fue instructor en institutos militares, en sus prédicas y enseñanzas, dijo cosas para que sus alumnos escucharan, aprendieran y vivieran. Y ¿cuál es la verdad histórica que el Dr. Batlle y quienes acompañan su iniciativa, quieren dejarnos con el nombramiento de Neyra?

 

*Integrante de la Secretaría de DDHH y Políticas Sociales del PIT-CNT