Distorsiones sobre la Ley de Tercerizaciones

Obrerista, socialista, comunista, destructor del matrimonio, se decía cien años atrás de Batlle y Ordóñez cuando promovía la ley de ocho horas, el descanso semanal obligatorio, la prohibición del trabajo de menores, el divorcio unilateral de la mujer, etcétera.

Un siglo después se acusa al actual gobierno por promover otras «barbaridades». La reciente ley llamada de tercerizaciones, ha originado acusaciones tales como que el Estado deja de controlar a las empresas y les pasa esa tarea a ellas, distorsionando el funcionamiento de las mismas; que se afecta la credibilidad de las empresas tercerizadas; que éstas trasladan el «fardo» de sus incumplimientos a la contratante, etcétera.

Las críticas tienen de bueno que permiten aclarar las cosas. Veamos. Sería groseramente inconstitucional que el Estado resignara sus competencias de control a manos de las empresas. ¿Distorsionante solicitar que los buenos empresarios adopten elementales precauciones para evitar situaciones que erosionan la legitimidad estatal, la de las propias empresas, de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, de toda la sociedad en definitiva? Lo cual es consecuencia del mal uso que se hace de las tercerizaciones, subcontrataciones, suministradoras de mano de obra, empresas unipersonales, etcétera. Todas políticas e instituciones totalmente legítimas e incuestionables, aclaramos, cuando se usan correctamente, pero absolutamente rechazables si se desvirtúan sus objetivos. De ahí la sanción de la reciente ley.

¿Es serio afirmar que la simple exigencia de certificados de situación regular con los organismos correspondientes, o de documentos que prueben que no se tienen deudas salariales, informando a la vez por escrito al trabajador sobre sus condiciones de empleo y salario, o que éstos deberán percibir los salarios legales vigentes, distorsiona el funcionamiento empresarial?

¿Afecta la credibilidad? ¡Y claro que sí! La de las malas empresas, sin duda, saliendo por el contrario bien parados los cumpli- dores, los que contratan y los subcontratados. ¡Y vaya si será un pesado lastre para los empresarios serios el gran lío que le trasladan los malos empresarios subcontratistas, o perder derechos laborales y de seguridad social, con lo cual toda la sociedad es la gran estafada!

Hace ¡63 años! que el artículo 3 de la Ley de Consejos de Salarios establecía la responsabilidad subsidiaria, ahora transformada en solidaria por la reciente ley, de todo patrono o empresario que subcontrataba. En cuanto a deudas tributarias, un pequeño repaso al Código Tributario aclararía eso de la solidaridad ante un mismo hecho generador. Nada demasiado nuevo bajo el sol, entonces.

Sin duda que detrás de estas exageraciones existen legítimas preocupaciones de empresarios serios, la mayoría. Pero cabe la pregunta: ¿Detrás de ese submundo de descentralización empresarial, de esa complicada relación triangular entre empresa-subcontratista-trabajador, que fomenta la dilución de responsabilidades dificultando saber de quién depende el trabajador, no hay en muchos casos simplemente el interés de arrimar agua al molino de la simple rebaja de costos? La década de 1990 nos puede dar una buena pista.

Tiempo atrás transcribíamos estas expresiones del libro de Dominique Lapierre «La Ciudad de la Alegría»: «A millares de hombres se les despedía. De vez en cuando se les volvía a contratar. Vivían así con el miedo de perder su trabajo. Después de mucho tiempo en la misma empresa ya no era posible seguir aplazando su inscripción regular. Se les despedía definitivamente. Consecuencia: todo el mundo conspiraba para burlar la ley». No refieren a Uruguay sino a Calcuta, decenas de años atrás. Los economistas le llaman el «ciclo de la miseria». Es contra esa situación que se pretende actuar. Y que queden a salvo los empresarios serios y responsables. *