Nunciatura y Vaticano contra investigación sobre desaparecido

Quisiera hacer notar -debo irremediablemente usar calificativos- la incom-

prensible negativa de las autoridades católicas uruguayas y vaticanas, a colaborar en la dilucidación del caso del desaparecido Padre Mauricio Kleber Silva.

Hasta ahora el impulso viene de profesionales y representantes de la familia, con pedidos de investigación realizados ante los gobiernos de Argentina y Uruguay, comprometidos a llevar adelante tal esclarecimiento. Es de esperar una posterior e inmediata acción de la Justicia Penal en tal sentido. ¿Se negarán también?

El sacerdote uruguayo, secuestrado en el vecino país el 14 de junio de 1977, trabajaba como barrendero de la municipalidad de Buenos Aires.

En su acción social había mediado en la huelga de Norteña en Paysandú y con los cañeros de Sendic. Hizo ladrillos en La Rioja, clasificó basura en Rosario, trabajó con leñadores en Santa Fe. La fecha de su desaparición fue designada como el «Día del barrendero» en el vecino país, tarea en la que se desempeñaba como forma de estar cerca de los humildes, compartiendo espiritualidad y experiencia organizativa y gremial desde que ingresó en el 73.

Ante la interferencia de las autoridades católicas que impiden el libre desempeño de una instancia investigativa por la que a las claras lo que está en juego es el interés de la humanidad, no solo de los particulares involucrados, seguramente y despertado por los profesionales impulsores del caso y los propios gobiernos, el Poder Judicial se pondrá en marcha, seguirá su naturaleza en pro del ideal de justicia y en uso de los mecanismos legales pertinentes, actuará de acuerdo a Derecho, encontrando la forma de vencer un hermetismo a las claras contrario a la legalidad.

Frente a la deshumanizada decisión de no colaborar en el esclarecimiento de una desaparición por móviles políticos durante las crueles dictaduras complotadas que asolaron nuestro país y región, sobran suprarrazones de peso incontestable de orden moral y jurídico.

De todas formas asombra el arrojo en ocultar información solicitada en medio de un procedimiento de las características del que aquí nos ocupa.

Esto no es «cosa de la Iglesia Católica», se trata de la investigación en un delito mayor violatorio de los Derechos Humanos como es la desaparición forzada, declarado crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional y así entendido por el Derecho mundial. Nos afecta en tanto seres humanos. Nos dolió y duele a todos.

El pasado que no se sanea es como una herida que cierra en apariencia pero continúa en vías de putrefacción interna. La «Iglesia» debería comprender eso.

Reafirmo mi perplejidad por la posición de los jefes romano apostólicos en esta situación. Sumado al aspecto inmoral que supone el hecho de no colaborar aportando datos en una situación de crimen contra la humanidad -si mis estudios de Derecho no me traicionan y mi sentido común es lo suficientemente diáfano- esto es casi como ocultar evidencia.

Según el abogado López Goldaracena, uno de los patrocinantes, cuando se efectuó la denuncia de la desaparición forzada del padre Mauricio ante la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) argentina en 1984, se dejó constancia de que existía información en la Nunciatura de dicho país.

Entonces, por encima de vericuetos jurídicos que los hay para hacer valer una u otra razón, sea la de los interesados en aclarar -que es fuerza mayor y no solo de familiares o amigos pues se trata de acciones de represión dictatorial- la postura de quienes se niegan a ayudar es, si no cómplice, al menos egoísta y soberbia. ¿En mérito a qué lo hacen? ¿En bien de quién se parapetan en un «no», que sin dudas favorece a los culpables de la desaparición del sacerdote nombrado?

¿Acaso la Iglesia Católica, que debería ser ejemplo de solidaridad, tiene prerrogativas que la inmunizan de la aplicación de la ley? ¿O es un compartimiento estanco no pasible de ser investigado? ¿Cuenta con algún tipo de estructura que la ubica por encima de los gobiernos, la legislatura y los magistrados, o incluso de la propia sociedad? Es absurdo. Sin embargo, a estar por lo visto, existe al respecto una concepción fuera de la realidad que sería imperioso fuera revisada. *