Un conflicto estancado

Si bien los datos objetivos y las apreciaciones subjetivas sobre la acción de los piqueteros entrerrianos son confusos y muchas veces contradictorios, a esta altura parece innegable que los cortes de rutas, las amenazas y toda esa movilización desmadrada surtieron efecto.

La afluencia de turistas argentinos se vio reducida en comparación con la temporada del año pasado. En cierto sentido, los fundamentalistas de la defensa del medioambiente se salieron con la suya: lograron desestimular a un buen número de sus compatriotas que eventualmente pensaban veranear en Uruguay.

Como viene ocurriendo desde el verano pasado, el bloqueo de los tres puentes sobre el río que sirve de límite fronterizo impidió el tránsito normal de vehículos. Pero esta vez, los ambientalistas fueron más allá y lanzaron el anuncio de su intención de bloquear, también, la salida de los barcos, ya que advirtieron que muchos turistas habían optado por esa vía ante la imposibilidad de trasladarse por carretera. Probablemente ninguno pensó en la posibilidad real de instalar un piquete fluvial, pero la sola perspectiva generó un despliegue policial y militar excepcional para evitarlo, y ello conspiró contra la intención de muchos argentinos de usar la vía fluvial.

En efecto, las amenazas de manifestaciones hostiles hacia quienes se proponían venir a Uruguay (con perspectivas de huevazos y tomatazos), disuadieron a un buen número de argentinos de cruzar el río, temerosos de que se produjeran hechos violentos, y los hicieron desistir de su proyecto.

El resultado es por todos conocido: aunque existen desavenencias entre los distintos grupos de ambientalistas, aunque no se produjeron incidentes en la terminal portuaria, el flujo de turistas argentinos disminuyó sensiblemente. El daño está hecho.

No obstante, parece percibirse un cierto cambio de actitud de las autoridades argentinas, una cierta disposición a dialogar y a condenar las protestas violentas.

Nadie niega el derecho que asiste a quienquiera que sea a manifestarse, a emitir su punto de vista sobre lo que sea, y a reclamar de las autoridades las medidas que crea pertinentes para cumplir su objetivo. En el caso, los gualeguaychuenses están en todo su derecho de protestar contra la instalación de una planta procesadora de celulosa; y sus argumentos ambientalistas son atendibles. Sin embargo, no tienen derecho alguno a utilizar medios violentos e inamistosos para expresar su protesta e imponer su presión. Hay otras formas de manifestar su punto de vista, formas más civilizadas, menos hostiles y más eficaces.

Al respecto, un atinado artículo de Pasquini Durán, aparecido en Página 12 del sábado 13, sobre la realidad argentina termina con esta lúcida referencia sobre el conflicto de las papeleras:

«Las sociedades civiles, por su parte, tampoco pueden permanecer inertes o inactivas, a pesar de que no siempre acierten con los mejores métodos y formas de lucha para conseguir que los gobiernos atiendan los intereses populares. El conflicto de Gualeguaychú, un ejemplo de resistencia mal utilizada, ayer comenzó a derivar hacia el callejón sin salida de la izquierda vocinglera, siempre disponible para apoyar todo lo que esté en contra de algo o alguien. La necesidad de reflexión cultural y política no es cuestión de especialistas o académicos, sino un imperativo social para encontrar el rumbo hacia el futuro».

Que el gobierno argentino tome nota de tan sensatas palabras. *