Reformar el Estado no es achicarlo

En nuestro editorial del pasado lunes 8 nos ocupamos de la proyectada reforma del Estado, cuyo tratamiento –y posterior sanción– se ha anunciado para el correr de este año.

Decíamos en ese editorial que «el neoliberalismo propugnó la reducción del Estado a su mínima expresión. El Estado no sólo no debía tener a su cargo empresas comerciales o industriales sino que debía desvincularse de toda actividad económica y abandonar la prestación de servicios. La propuesta era casi una vuelta al Estado juez y gendarme, mantenido al margen de la economía, sin injerencia alguna en ese campo que debía regularse ‘naturalmente’ por el mercado.

Para estos popes posmodernos del aperturismo, la reforma del Estado se limitaba a que éste se desprendiera de todas sus empresas y venderlas a empresarios privados, a la reducción drástica de la plantilla de funcionarios y a eliminar la inamovilidad de éstos».

De esa concepción de lo que debe ser el Estado fueron muestra elocuente los intentos privatizadores de Lacalle y Batlle, dos conspicuos seguidores del modelo neoliberal. Recordemos que siendo presidente, el doctor Lacalle había expresado su profundo desprecio por el funcionariado al resumir la realidad sosteniendo: «ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago»; una sentencia con la que pretendía justificar su negativa a aumentar los sueldos públicos.

Para las clases conservadoras, imbuidas de ideología neoliberal, reformar el Estado significa lisa y llanamente reducirlo. Limitar sus atribuciones y su injerencia en materia económica, reducir el número de funcionarios y, fundamentalmente, eliminar lo que ellos consideran un privilegio: la inamovilidad.

La inamovilidad de los funcionarios públicos, como con acierto recuerda el economista Carlos Luppi, no es una conquista sindical: fue una bandera del nacionalismo que se propuso crear un mecanismo apto para impedir las masacres coloradas, el revanchismo vindicativo que llevaba a un gobierno a despedir sin más trámite a todos aquellos empleados sospechosos de integrar las filas del partido adversario. Por otra parte, la inamovilidad en rigor no existe desde el momento que un funcionario puede ser destituido por ineptitud, omisión o dolo con la venia del Senado. Los empleados públicos no son intocables; simplemente no pueden ser despedidos sin expresión de causa como sí puede ocurrirle a un empleado de la actividad privada.

La inamovilidad es la base de las empresas públicas. Si sus empleados dependen del jerarca de turno, estarán indefensas, porque los funcionarios harán cualquier cosa por congraciarse con los directores. Y no olvidemos que las tan denostadas empresas públicas son la base del patrimonio nacional: energía, combustibles, agua (el platino del siglo XXI) y telecomunicaciones. Si perdemos eso, dejaremos de existir como nación.

De modo que bienvenida la iniciativa gubernamental de reformar el Estado (la «madre de todas las reformas»), pero seamos cuidadosos. No es buena cosa confundirse y dejarse llevar por eslóganes que apuntan hacia el lado equivocado. Reducir la carga del Estado es una cosa, racionalizar su funcionamiento es correcto, eliminar trabas burocráticas está bien, corregir inequidades salariales es justo, jerarquizar la función pública y establecer estímulos para aquellos funcionarios aptos y responsables es de toda lógica. Pero otra cosa muy distinta es suscribir la idea de que todo se resuelve achicando el Estado. *