Los piquetes y la responsabilidad del gobierno argentino

El Uruguay está siendo víctima de una guerra no declarada, de una agresión sin antecedentes y sin motivos que busca directamente pejudicar nuestra economía. Cuando llegamos a mediados del mes de enero, momento en que se produce tradicionalmente el recambio de turistas, la furia piquetera redobla su agresividad, y al corte ya oficializado del puente Fray Bentos-Puerto Unzué se suman cortes en los otros dos puentes sobre el río Uruguay; pero no contentos con eso, con el cierre de todos los pasos fronterizos que nos unen (¿) a la provincia de Entre Ríos, los ambientalistas apuntan sus baterías contra la terminal portuaria. De lo que se trata es de impedir a toda costa la llegada de veraneantes argentinos de modo de ahogar económicamente al país como medida de presión para que desista de la construcción de una planta de celulosa.

Ya nos hemos ocupado de esta situación absurda e ilegal, pero vale la pena reiterar que los ambientalistas entrerrianos fueron tolerados –e incluso estimulados por un oscuro gobernador provincial– en su práctica intransigente y agresiva. Las autoridades provinciales y luego las nacionales dejaron hacer y, con su omisión, permitieron que la protesta se saliera de cauce y la situación se tornara incontrolable. Al gobierno argentino le ha ocurrido exactamente lo mismo que al aprendiz de hechicero: al fomentar los cortes de rutas y apadrinar a los fundamentalistas puso en movimiento una maquinaria que luego se mostró incapaz de detener, cuando advirtió –un poco tarde– que esa estrategia intransigente conspiraba contra sus intereses y contra la posibilidad de obtener un fallo favorable en los tribunales internacionales.

Con la amenaza de realizar acciones contra los turistas argentinos que pretendan viajar a nuestras costas por la vía fluvial –única alternativa que queda si se interrumpe el tránsito en los tres puentes, exceptuando la vía aérea, demasiado onerosa para algunos– han logrado desestimular a los posibles viajeros y disuadirlos de veranear en Uruguay. No es necesario instalar un bloqueo con navíos (algo impracticable) para impedir la venida de turistas; basta con la perspectiva de que se realicen movilizaciones en la terminal portuaria. Esa posibilidad, suficientemente publicitada con espíritu agresivamente patoteril, ha hecho desistir a muchos turistas de pasar sus vacaciones en nuestro país. Y de nada valen las medidas adoptadas –y otras anunciadas– por el gobierno de Kirchner en el sentido de impedir la acción de los piqueteros, pues el objetivo perseguido ya ha sido logrado. Pero quizás lo más lamentable es que han instalado un peligroso sentimiento de hostilidad hacia el Uruguay y los uruguayos, hostilidad que está llegando a ser recíproca si observamos algunos actos vergonzosos protagonizados por uruguayos contra ciudadanos argentinos en Punta del Este.

Lo que llama la atención es cómo el gobierno argentino implementa medidas para evitar el eventual bloqueo a la terminal portuaria, al tiempo que no hace absolutamente nada para terminar con los bloqueos en los puentes. Porque el eventual bloqueo a la terminal portuaria no es ni más ni menos violento que los cortes de rutas en Fray Bentos, Paysandú y Salto. Los piquetes que impiden el tránsito vehicular por los puentes son tan ilegales e ilegítimos como las acciones previstas en la terminal de Buquebus.

Se ha llegado a una situación demencial en la que un puñado de exaltados tiene la fuerza suficiente como para cortar la circulación de vehículos y de personas entre un país y otro. Una situación que sólo se ha dado cuando dos países limítrofes se hallan en guerra o cuando hay razones sanitarias para hacerlo; pero en estos casos se trata siempre de acciones ordenadas por los gobiernos.

En fin, lo que cuenta es que el daño a nuestra economía ya está hecho. Sólo nos queda aguardar que la Corte Internacional de La Haya emita un pronunciamiento favorable a nuestra posición. Sería una derrota, no de los argentinos ni de su gobierno, sino una derrota de la irracionalidad, de la agresividad y de la ilegitimidad. *