Cambios palpables

Que el país está cambiando es un dato de la realidad que ni el más tozudo opositor se atrevería a negar.

Superada la crisis de 2002, cuando el país todo tocó fondo en una crisis seguramente sin precedentes, el crecimiento económico que empezó a verificarse a fines de 2003 continuó su ritmo en los años subsiguientes. Pero no hay duda de que al asumir el nuevo gobierno progresista surgido de las elecciones de octubre de 2004, hubo un cambio de rumbo que, sin descuidar los aspectos macroeconómicos, puso especial énfasis en atender la microeconomía y, fundamentalmente, en ocuparse de aspectos sociales de modo de que el crecimiento económico se reflejara no sólo en los famosos indicadores macroeconómicos sino, más que nada, en la calidad de vida de la gente, de las mujeres y los hombres de carne y hueso, olvidados y postergados durante décadas de insensibilidad e ineptitud de los gobernantes.

El ya célebre “pensamiento único” del neoliberalismo que inhibió todo cuestionamiento hacia el sistema imperante, que proclamó el pragmatismo a ultranza y un realismo en cuyo nombre se abandonaron ideales y principios morales, va siendo lentamente abandonado a causa de los pésimos resultados obtenidos en su aplicación a rajatabla. Desde que Milton Friedman enunciara su doctrina, el mundo asistió a una profundización sin precedentes de las injusticias sociales y de la brecha que separa tanto a ricos y pobres dentro de una misma sociedad como a naciones desarrolladas y subdesarrolladas en el concierto mundial.

Los uruguayos conocemos bien esta realidad pues la hemos sufrido en carne propia. No, sin duda, al extremo de lo ocurrido en Argentina con las privatizaciones llevadas adelante por Menem, pero hemos sido víctimas de la teoría del Uruguay como país de servicios, que produjo una desindustrialización criminal y que hirió de muerte al aparato productivo.

Las consecuencias económicas de esta política neoliberal no fueron, sin embargo, tan graves como sus consecuencias sociales. El cierre de fábricas redujo drásticamente las fuentes de trabajo, lo que hizo trepar el desempleo a guarismos históricos. Paralelamente se fue dando una paulatina pérdida de poder adquisitivo del salario, lo que llevó a la depauperación de enormes sectores de la sociedad con el consiguiente aumento exponencial de la marginalidad y la delincuencia. A esta realidad alude la expresión “herencia maldita” que el doctor Vázquez sugirió no usar más, pero cuyos efectos persisten aún.

La apuesta al país productivo, la recuperación del salario real, la redignificación de los asalariados y de la actividad sindical, la asistencia a los indigentes mediante el Panes, la disminución del desempleo, el incremento espectacular de la recaudación de la DGI, la incorporación de miles de asalariados a la Seguridad Social, la cristalinidad de la gestión pública, son todos elementos nuevos que diferencian al gobierno progresista de aquellos que lo precedieron. Y son, por lo mismo, la explicación a la aprobación que recoge el gobierno y al índice de popularidad de Tabaré Vázquez.

Si a ello sumamos la política desarrollada desde el gobierno en materia de revisión e investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, tendremos un panorama alentador. Como bien ha dicho el senador Eleuterio Fernández, no se trata de cambios revolucionarios, pero sí de una gestión constructora y reparatoria. *