Facilitación dificultosa

Aunque la negociación no se ha cerrado, las primeras gestiones llevadas a cabo por el «facilitador» real, don José A. Yáñez Barnuevo, no han logrado destrabar la situación o, al menos, abrir una pequeña puerta por donde aparezca la necesaria sensatez.

El «prudente optimismo» del negociador enviado por el rey de España no se compadece con la embestida piquetera de nuestros vecinos entrerrianos, que han resuelto sumar cortes intermitentes en los otros dos puentes que unen ambos países sobre el río Uruguay. Esa obcecada vocación intransigente, prepotente e irracional parece obedecer a un designio no manifiesto de que no se llegue a acuerdo alguno; la furia ambientalista expresada mediante métodos patoteriles no entra en razones y radicaliza su postura cada día que pasa, mientras el gobierno argentino –las autoridades nacionales y provinciales– se muestra omiso y dispuesto a no intervenir permitiendo que la situación se agrave.

Los defensores del medio ambiente han ido demasiado lejos en su accionar criminal, y ahora lo único que parecería calmarlos y hacerlos deponer su actitud sería la suspensión de las obras y su ubicación en otro punto del territorio uruguayo.

No es de recibo la propuesta argentina –formulada por el presidente Kirchner hace ya unos cuantos meses y reiterada recientemente– de que se suspendan las obras de construcción de las plantas y, a cambio, se levanten los piquetes. La construcción de las fábricas de pasta de celulosa no viola ninguna norma del derecho internacional, ni disposición alguna del derecho regional. En cambio los cortes de ruta sí son una clarísima transgresión al orden jurídico nacional e internacional, así como una acción inamistosa por no decir francamente hostil. Por tanto, es una propuesta inadmisible e improponible pues implicaría poner en un pie de igualdad la construcción de una fábrica con los cortes de rutas; esto es equiparar una actividad económica lícita y legítima con una acción delictiva. La aceptación de tal propuesta improponible supondría el reconocimiento tácito del gobierno uruguayo de que la construcción (y el posterior funcionamiento) de la planta de Botnia es un delito.

En el mes de julio tuvo lugar en Córdoba la trigésima Cumbre de Presidentes del Mercosur. En aquella ocasión escribimos en esta página:

«Aunque no está previsto que se aborden temas binacionales, es dable suponer –y es de desear– que la ocasión sea aprovechada para que los presidentes Vázquez y Kirchner mantengan un encuentro no oficial, al margen del protocolo, que sirva como punto de partida a la tan ansiada reanudación del diálogo. Esperemos que la razón prevalezca por encima de mezquindades, de enojos e intransigencias, y que se restablezca el clima propicio para llegar a un acuerdo político y diplomático a propósito de la controversia por las pasteras».

Lamentablemente, las esperanzas depositadas en un entendimiento se derrumbaron a medida que la postura argentina se endurecía y el conflicto se radicalizaba. Desde entonces, la intransigencia del gobierno argentino sufrió severas derrotas en ámbitos internacionales, pese a lo cual, el gobierno uruguayo trató de recomponer el diálogo insistiendo en la única propuesta posible y plausible: el monitoreo conjunto del proceso de fabricación de pasta de celulosa de modo de evitar efectos contaminantes. Es la única postura que nuestro país puede adoptar para que verdaderamente el diálogo se restablezca sin abdicar de nuestro inalienable derecho de elegir el camino que nos conduzca al crecimiento económico.

Sin embargo, el gobierno argentino no sólo desestimó dicha propuesta sino que la ha ridiculizado groseramente en una actitud que dificulta la facilitación del mediador real.

El gobierno uruguayo debe mantener su actitud razonable, respetuosa, y aguardar una flexibilización de la intransigencia argentina. *