Diálogo entre gobierno y oposición

Luego del conflicto generado por la negativa de la oposición a votar la venia para designar a la doctora Guianze como fiscal de Corte, las relaciones entre gobierno y oposición –que parecían atoradas en un callejón sin salida– empezaron a recomponerse.

Recordemos que cuando el ministro Brovetto fue interpelado en el Senado por la designamiento de dicha magistrada, las relaciones entre oficialismo y oposición se tensaron al máximo. En aquella oportunidad, todos los senadores blancos y colorados enviaron una misiva al presidente Vázquez en la que expresaron su decisión irrevocable de no votar la venia solicitada.

Sin embargo, fue entonces que se volvió a hablar de la necesidad de recomponer el diálogo y destrabar la situación. Tanto el ministro interpelado como el líder nacionalista Jorge Larrañaga expresaron su voluntad de retomar el camino del entendimiento. A partir de entonces, el clima se distendió notoriamente y se sucedieron anuncios de encuentros entre el Presidente de la República y los conductores de los partidos del llano.

Es un hecho auspicioso, sin duda. No debemos olvidar que el partido de gobierno, el Frente Amplio, cuenta con mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que le permite aprobar leyes aun con el voto negativo de toda la oposición. No obstante, hay ciertas decisiones parlamentarias que requieren para su aprobación mayorías especiales (de tres quintos o de dos tercios), para lograr las cuales es condición necesaria que algunos legisladores de la oposición acompañen con su voto la posición de la mayoría.

En el caso de la integración de los entes y servicios descentralizados, la Constitución prevé que si no se logra la mayoría especial para otorgar la venia a los directores propuestos por el Ejecutivo, éste puede –transcurrido un cierto plazo– volver a proponer los mismos nombres y la venia se otorgará por mayoría simple. Pero eso no ocurre para la designación del fiscal de Corte ni para los ministros del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Para estos casos, es obligatorio un acuerdo político que supone concesiones recíprocas entre gobierno y oposición.

Pero, más allá de estos casos concretos, es saludable para la democracia, para el funcionamiento del sistema político, que haya ciertos puntos de encuentro entre el partido gobernante y los partidos del llano. Hay unos cuantos asuntos que atañen a las políticas de Estado sobre los cuales es necesario, aunque no obligatorio, que se verifiquen consensos entre todos los partidos políticos que otorguen mayor legitimidad a las decisiones.

Desde luego que no somos partidarios de las unanimidades, propias de los regímenes totalitarios. Pero creemos que ciertas medidas gubernamentales adquieren mayor solidez cuando se ha logrado un cierto consenso para su aprobación. Suponemos que hacia ello apuntan las reuniones que ha mantenido el presidente Vázquez con el doctor Larrañaga primero y con el doctor Sanguinetti después.

Si bien no han trascendido detalles de lo conversado en esas oportunidades, parece obvio que ambos encuentros marcan un primer paso hacia la posibilidad de destrabar la situación. La designación del nuevo fiscal de Corte y la integración de los organismos de contralor (para que reflejen el nuevo mapa político después de diez años con la misma integración que responde a otra correlación de fuerzas) son asuntos prioritarios sobre los que, por primera vez, gobierno y oposición parecen encaminarse a un acuerdo.

Que así sea. *