Criminales de guerra acorralados

Durante los últimos años, particularmente a partir de la invasión anglo-norteamericana a Irak, la opinión pública internacional se ha visto agobiada por la ola de denuncias sobre víctimas civiles de la guerra, proliferación de los llamados daños colaterales y la existencia de cárceles clandestinas, la instauración sistemática en ellas, por parte del gobierno de los EEUU y sus aliados europeos, de la tortura, la violación de todo tipo de derecho humano a detenidos, entre un sinfín de hechos que, para los habitantes de esta parte del planeta, resultan dolorosamente identificables como parte de su pasado reciente.

La persistente sensación de impunidad que sigue a las denuncias tiende a sembrar el escepticismo acerca de las posibilidades de la justicia e indignación ante el inmenso descaro de los responsables de actos genocidas. ¿Cuándo llegará la hora, se preguntan muchos, en que los «criminales de escritorio», los que emiten las órdenes desde instancias de poder a miles de kilómetros de los hechos, se vean obligados a dar cuenta de sus actos, a asumir sus responsabilidades acerca sobre los crímenes contra la humanidad que se continúan perpetrando?

En estos días, la prestigiosa revista digital Znet en español (www.zmag.org) ha publicado un trabajo de información y análisis acerca de las posibilidades que en distintos ámbitos de juristas se vienen impulsando con el propósito de llevar ante un estrado judicial a Donald Rumsfeld, el recientemente renunciante secretario de Estado del gobierno de los EEUU presidido por George W. Bush.

El 14 de noviembre un grupo de abogados y otros expertos se presentarán ante el fiscal federal alemán y le pedirán que abra una investigación criminal por crímenes de guerra contra Donald Rumsfeld, Alberto González y otras figuras claves del gobierno de Bush.

La acción contra Rumsfeld fue anunciada en la ciudad de Nueva York a finales de octubre en una conferencia denominada «¿Es la jurisdicción universal una herramienta efectiva?».

En la nota a la que hacemos referencia, firmada por dos analistas prestigiosos, Jeremy Brecher y Brendan Smith, se sostiene: «La doctrina de la jurisdicción universal permite a los tribunales locales juzgar crímenes internacionales sin tener en cuenta dónde se cometió el crimen, la nacionalidad del criminal o la nacionalidad de la víctima, y se aplica sólo para los delitos más atroces: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo la tortura. Una serie de países de todo el mundo han promulgado estatutos de jurisdicción universal, incluso los Estados Unidos la admiten para ciertos delitos terroristas y para la tortura. (…)

Muchos de los participantes en la conferencia de Nueva York eran abogados de derechos humanos que han estado extendiendo el uso de la jurisdicción universal desde que se usó por primera vez para el ex dictador chileno Augusto Pinochet. En una causa presentada recientemente en España, por ejemplo, el argentino Adolfo Scilingo fue juzgado y se le encontró culpable de crímenes contra la humanidad que cometió en Argentina y fue sentenciado a 640 años de prisión. (…)

Wolfgang Kaleck, un abogado alemán de derechos humanos que presentará el caso en cooperación con CCR, FIDH y otros grupos, dijo en la conferencia en Nueva York que a menudo le preguntan ¿realmente esperas que se arreste a Rumsfeld por crímenes de guerra?; su respuesta es que no lo espera inmediatamente. ‘Pero hacemos lo posible para que algún día sea arrestado’ dice. Según Kaleck, el gobierno alemán recibe regularmente llamadas de visitantes potenciales de alto nivel preguntando, ‘¿Hay alguna queja sobre mí?'».

Como se puede apreciar, se trata de una cuestión teórica y doctrinaria que mucho nos interesa en Uruguay donde, de un modo u otro, estos temas están siendo examinados a partir de las iniciativas del nuevo gobierno y del comienzo de una acción de la justicia, tanto en Uruguay como en otros países de la región, destinada a avanzar en el terreno de la verdad y la justicia. *