Necesarias negociaciones con la oposición

Es deseable que las trancaderas institucionales que se mantienen en el país, especialmente las vinculadas a la titularidad de la Fiscalía de la Nación, y a las necesarias renovaciones de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, comiencen a superarse en los contactos que empezaron a realizarse entre el gobierno y la oposición.

Aquí no se trata de arriar banderas ni resignar posiciones por parte de unos y otros. Se trata de lograr los necesarios acuerdos para que en el país organismos de esa trascendencia institucional puedan funcionar a plenitud, tal como lo disponen los ordenamientos legales e incluso, la propia Constitución de la República.

Sabemos que son casos distintos, porque la Fiscalía de Corte se encuentra en el centro de una disputa política insólita, en que la oposición blanqui-colorada se opone a que la fiscal Mirtha Guianze, una prestigiosa profesional, de intachable carrera, sea designada para el cargo. Y para lograrlo utilizan el arbitrio de no votar su venia a nivel del Senado de la República, para la cual es necesaria una mayoría especial.

Las explicaciones dadas por los dirigentes blancos sobre esa actitud negativa ha sido balbuceante, poco clara, pues Guianze es acusada por su «militancia» política, cuando es público y notorio que por más que sea una mujer libre, la jerarquizada fiscal jamás ha actuado en política partidaria.

¿Qué es lo que se busca? Porque el mismo análisis interesado que se realiza sobre Guianze podría realizarse sobre cualquier otro candidato, a quien se le pueden atribuir preferencias políticas, cuando lo necesario para el cargo es probidad y capacidad probada, elementos indiscutibles en el caso señalado.

Lo sorprendente es que ese intento de aparente «despolitización» que se pretende con Guianze es justamente lo que no existe para visar la integración, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, para los organismos de contralor. En ese caso es ostensible que la oposición quiere mantener las históricas integraciones, porque al renovarse esos organismos, la representación frenteamplista se vería ampliada, ya que, como dispone la Constitución de la República, tiene relación proporcional al resultado electoral.

Dos visiones contradictorias para problemas institucionales graves. Por supuesto que todo es negociable y ese es un elemento que los políticos conocen muy bien, y en los acuerdos que puedan concretarse en alguna manera se estima que estarían atendidas algunas aspiraciones distintas.

Pero, ¡cuidado!, que el camino recorrido por la oposición, en donde tiene fuerza como para imponer su voluntad, tiende a partidizar cada una de las decisiones, convirtiendo temas de carácter institucional en menudos elementos de intercambio negociado. En politiquería barata.

Ello, es más que lamentable. *