En estos dÃas, noticias procedentes del ámbito internacional ponen en evidencia la magnitud de la presencia norteamericana en el mundo. Al mismo tiempo, la decisión de una jueza en los Estados Unidos, oponiéndose a decisiones adoptadas por la Casa Blanca, ayuda a comprender la magnitud del poder que ha concentrado en sus manos el actual presidente de la República, George W. Bush.
La información hasta ahora circulaba bajo el formato de material periodÃstico. En estos dÃas es desde una comisión investigadora del Parlamento europeo que se confirma no solo la existencia de vuelo y secuestros perpetrados en territorio europeo sino que, en la mayorÃa de ellos, las autoridades locales conocÃan el accionar de los aviones norteamericanos.
Un vocero de la Comisión, Claudio Fava, declaró ayer: “La mayorÃa de los paÃses de la Unión Europea conocÃa la polÃtica de traslados y detenciones secretas de presuntos terroristas realizada por la CIA fuera de Estados Unidos, y ocultaron estas informaciones a la comisión de investigación del Parlamento europeo.”
La misma fuente informó que “un total de 1.245 escalas en el continente europeo realizaron los vuelos del servicio secreto estadounidense tras los atentados del 11 de setiembre de 2001″.
“Numerosos gobiernos cooperaron pasivamente o activamente. Lo sabÃan”, declaró Fava al presentar su proyecto de informe final ante la comisión parlamentaria sobre el presunto uso de paÃses europeos por parte de la CIA para transportar y detener ilegalmente a prisioneros.
El eurodiputado Claudio Fava también denunció “la gran reticencia de la casi totalidad de los Estados miembro (a excepción de España y Alemania) a cooperar” con la comisión de investigación.
El informe del Parlamento europeo también indicó que al menos la CIA procedió a 10 detenciones ilegales en Europa.
Fava condenó la práctica de la “rendición extraordinaria”, es decir, del rapto de un sospechoso de terrorismo, y su traslado a un centro fuera de Estados Unidos donde es sometido a un interrogatorio que “en la mayorÃa de los casos, incluye incomunicación y tortura”. Para la eurodiputada socialista española Elena Valenciano, miembro de la comisión, el informe de Fava demuestra “la necesidad de volver a sentar las bases de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, de forma coherente con el derecho internacional”. “El consenso internacional sobre las reglas de juego ha sido roto por la administración Bush”, concluyó la eurodiputada Valenciano.
Al mismo tiempo, noticias procedentes de los EEUU muestran los cambios profundos que viene experimentando la estructura polÃtica y judicial de ese paÃs bajo la administración Bush. Fuentes de organizaciones de Derechos Humanos han hecho saber que “una jueza federal rechazó por considerarla inconstitucionalmente vaga la competencia del gobierno de Estados Unidos de designar a ciertos grupos como organizaciones terroristas.
La decisión, emitida en Los Angeles (California), respondió a una demanda del grupo “Humanitarian Law Project”, que cuestionó las facultades del presidente George W. Bush de bloquear los activos de grupos o individuos “especialmente designados como terroristas mundiales” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Esta ley daba al presidente autoridad ilimitada de crear listas negras. Era una reminiscencia de la era McCarthy”, señaló David Cole, abogado del Centro de Derechos Constitucionales que representó a “Humanitarian Law Project” ante la jueza.
“Ni siquiera en la lucha contra el terrorismo el presidente puede tener una autoridad sin controles para poner en la lista negra a cualquiera que considere mala persona o mal grupo” (…) .
La decisión adoptada por el magistrado de Los Ãngeles remite el caso de dos organizaciones. De todos modos, la norma sigue en pie y los poderes discrecionales del Presidente Bush siguen formando parte del derecho positivo que regula la vida de los ciudadanos norteamericanos y de aquellos que no lo son pero que han caÃdo bajo la sospecha de pertenecer a algún grupo definido por la Casa Blanca como terrorista. *
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