El comienzo de la normalización institucional

El país está llegando a cumplir etapas que hasta hace poco tiempo parecían inalcanzables en materia de justicia, aunque mantiene infinidad de asignaturas pendientes en ese y en otros aspectos del quehacer nacional.

La prisión del ex dictador y su canciller es un hecho que indudablemente marca una inflexión histórica a tener en cuenta.

Ya el camino había comenzado a recorrerse con las extradiciones de tres militares a Chile, acusados de ser copartícipes del asesinato de Eugenio Berríos y de los demás enjuiciamientos de militares y policías. Por otra parte hay otro hecho sintomático: con imperfecciones y carencias, la Justicia está actuando sin violentar ninguna norma, otorgándole a las personas que son procesadas todas las garantías que están establecidas.

Por supuesto, lo sabemos muy bien, que importantes sectores de la ciudadanía exigen la anulación de la Ley de Caducidad, para lo cual –según lo que afirman los más destacados juristas– no existe un mecanismo legal idóneo. No hay forma de anular una norma legal si no es dentro de los plazos que marca la Constitución de la República, que son 180 días de su promulgación. No se puede concretar esa acción, por más que haya justicia en el reclamo, dentro de la legislación uruguaya luego de 20 años de ser aplicada la norma que, además, fue ratificada mayoritariamente por la población en un plebiscito democrático.

Sin embargo, más allá de ese escollo, la propia norma legal tiene vericuetos que son de aplicación y pueden servir para sancionar de manera severa a quienes han violentado los derechos humanos, como está ocurriendo en estos momentos. ¿Quién iba a pensar una década atrás que José Gavazzo iba a pasar sus días en una cárcel por sus acciones salvajes contra los indefensos presos políticos?

¿Quién se hubiera atrevido a adelantar durante cualquier gobierno anterior que grupos de antropólogos excavarían zonas de los cuarteles buscando cementerios clandestinos?

Es fácil entender lo que pasó en el país. El cambio de la correlación política influyó en todo el contexto, y la presencia en la cima del Estado de un gobierno progresista del Frente Amplio, es un reaseguro importante para quienes deben actuar. Antes solo tenían para hacerlo su valentía personal y la fuerza de sus convicciones, elementos loables, pero que no alcanzaban para que se lograran los objetivos.

Hoy las cosas han cambiado, el Poder Ejecutivo resolvió que sea la Justicia la que analice previamente cada uno de los expedientes para incluir o no los delitos en la llamada Ley de Caducidad, jerarquizando a un poder que en esa materia había sido sometido por vía de la imposición política.

No sabemos qué dirán los tribunales de alzada sobre los trámites de procesamiento contra Bordaberry y Blanco, si en realidad la prueba objetiva en la participación de los crímenes de que se acusa a los dos ex dictadores podrá mantenerse. Pero más allá de sus resoluciones (¡porque en este país es necesaria la Justicia, no la venganza ni el revanchismo!), la verdad es que sobre Bordaberry pende otro delito por el que, seguramente, deberá también ser procesado y en que su responsabilidad objetiva es más clara: el de atentado a la Constitución.

La doctora Hebe Martínez Burlé lo ha sostenido reiteradamente al exponer en esta causa. Para la magistratura no es muy difícil llegar a la conclusión aludida de que el ex dictador violó la Constitución, porque si bien fue timoneado por el líder castrense Gregorio Alvarez, otro de los grandes responsables del oprobio histórico vivido por el Uruguay, no caben dudas de sus acciones en la oportunidad.

No estamos felices, pero sí satisfechos porque vemos que la excepcionalidad que regía en el país en donde los peores delitos no eran castigados, está terminando.

Estamos viviendo lo que podríamos denominar el comienzo de la normalización institucional. *