Se empieza a saldar una deuda

Resulta muy difícil, si no imposible, abordar el procesamiento de Bordaberry y Blanco sin caer en lugares comunes y frases hechas. No obstante, objetivamente el tema se impone, por lo que trataremos de analizar algunas de sus aristas más notorias.

Después de más de veintiún años de recuperada la democracia, la figura emblemática del quiebre institucional, el presidente que asumió por voto popular y que al cabo de quince meses de gobierno dio un golpe de estado y se convirtió en dictador, está en prisión procesado por cuádruple homicidio. Junto a él, su fiel ministro de Relaciones Exteriores, otro personaje emblemático del régimen cívico-militar, también está en la cárcel por el mismo delito; en el caso del doctor Banco se trata de un reincidente pues ya había sido procesado por la desaparición de Elena Quinteros, con lo que ostentaba el mérito de haber sido el primer responsable del terrorismo de estado en marchar a prisión.

Aquel primer procesamiento de Blanco marcó un hito, un antes y un después, un quiebre de la impunidad, y abrió la posibilidad de que otros criminales pagaran sus horrendos delitos.

Pero hubo que esperar a que llegara al gobierno un presidente con la necesaria voluntad política para aplicar la ley sin cortapisas ni chicanas ni interpretaciones torcidas, para que la Justicia siguiera abriéndose camino y la aparentemente sólida construcción de la impunidad se desmoronara como un castillo de arena. La absurda e inconstitucional Ley de Caducidad otorga al Poder Ejecutivo la potestad de interpretarla y decidir qué casos están comprendidos en la impunidad y cuáles no lo están. Desde diciembre de 1986 hasta marzo de 2005, sistemáticamente, los presidentes democráticamente electos aplicaron el criterio abarcador de considerar todos los casos, sin excepción, comprendidos en la caducidad. A partir de marzo de 2005, el presidente Vázquez –en cumplimiento de lo acordado por la fuerza política y en uso de las facultades que la propia ley le otorga– dio un vuelco sustantivo al asunto y excluyó varios casos del amparo de la impunidad; entre ellos, el que sin dudas resultaba más emblemático de lo que fue el terrorismo de estado y el Plan Cóndor: los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Obviamente que ni Bordaberry ni Juan Carlos Blanco empuñaron las armas que ultimaron a los dos ex legisladores y a otros dos ciudadanos uruguayos exiliados en Buenos Aires; así como tampoco practicaron las torturas que sufrieron los patriotas antes de ser ejecutados. Pero ambos tienen una responsabilidad institucional innegable, verificada en las órdenes impartidas desde la Cancillería y en las gestiones llevadas a cabo por su titular ante las autoridades argentinas.

El sistema judicial uruguayo ha demostrado su más absoluta independencia del poder político, así como su idoneidad técnica y moral. Incluso es de destacar que el propio juez Timbal, que dictó el auto de procesamiento, había considerado tiempo atrás que el delito por el que la fiscal solicitaba el procesamiento de Bordaberry y Blanco había prescrito. El Ministerio Público apeló la decisión de Timbal y el Tribunal de Alzada entendió que la prescripción no correspondía, por lo que las diligencias debieron continuar. El juez, en cumplimiento de lo dictaminado por el Tribunal de Apelaciones que había revocado su decisión, continuó con la indagatoria hasta reunir la semiplena prueba que le permitió dictar el procesamiento de los dos motineros. He aquí una demostración palmaria de la solvencia profesional de nuestros magistrados judiciales.

Ahora, al motinero Juan María Bordaberry lo espera otro juicio: el que deberá enfrentar por atentado a la Constitución, un delito clarísimamente no amparado por la Ley de Caducidad por tratarse de un civil expresamente excluido del beneficio de la oprobiosa norma.

En la sociedad uruguaya toda, y particularmente entre los militantes contra la impunidad, la decisión judicial ha causado no algarabía sino una profunda satisfacción al constatar que la lucha pertinaz, tozuda, por verdad y justicia no fue en vano. No es el sentimiento de venganza sino el espíritu de justicia el verdadero triunfador. *