Firmeza imprescindible

La experiencia autoritaria vivida por los países latinoamericanos en las últimas décadas ha generado en nuestras sociedades una legítima aprensión en relación a los actos de gobierno que puedan entrañar un desborde de autoridad o un uso abusivo de la fuerza.

Se trata de un sentimiento que nace de una experiencia vivida, de unas tribulaciones y padecimientos que cayeron en forma tan despiadada como sistemática sobre amplios sectores de la población, especialmente sobre los trabajadores sindicalizados, sobre la gente más joven y sobre los intelectuales, los periodistas, los universitarios y los artistas.

En la jornada de ayer, en las primeras horas del día, el gobierno frenteamplista debió recurrir a la declaración de servicios esenciales prevista en las normas legales para enfrentar los efectos de una decisión patronal de cese de actividades que ha traspasado todos los límites.

El lock out patronal ha ido bastante más allá de un paro. De hecho, la acción concertada de los patrones del transporte carretero, los apoyos que les brindan sectores ganaderos y el respaldo brindado por los medios de comunicación y los dirigentes políticos blancos y colorados, han convertido la medida reivindicativa por demandas económicas en una pulseada acerca de dónde reside la toma nacional de decisiones. Si la tienen los empresarios del transporte, aliados a los rurales, o la ejercen los mandatarios elegidos para esa función por la ciudadanía.

La puesta en práctica de la medida permitió evidenciar otras características de la acción de la patronal de los transportistas de carga. Características que colocan el episodio en un marco distinto a lo que puede ser un conflicto en defensa de determinados intereses corporativos por parte de un sector de la actividad.

De acuerdo a cómo se desarrolló la medida, el paro se amplió en una dirección de «acción directa» cuyos objetivos iban mucho más allá de la defensa de los intereses patronales. Al impedir, mediante piquetes, la entrada y salida de vehículos de algunos centros neurálgicos de la vida económica del país, como el puerto de Montevideo, la estación de La Tablada de Ancap y el Mercado Modelo, el propósito era generar una situación de alarma.

De este modo, los propietarios de los camiones de transporte generaron una situación de violencia sobre accesos a puntos sensibles desde el punto de vista del funcionamiento del conjunto de la sociedad. Se convirtieron en los depositarios de un poder que no tienen, que es patrimonio del Estado, como garante y factor de preservación del orden.

En este contexto sin precedentes, el gobierno actuó con suma ponderación. Buscó formas de salida razonables con soluciones efectivas ante las demandas económicas. Pero con las arterias de la ciudad bloqueadas y con desabastecimiento de combustibles y alimentos actuó como debe hacerlo el responsable del orden público: ejerció con claridad y firmeza el poder legítimo de que dispone.

No hubiera resultado compartible ninguna vacilación ante el desborde impuesto por la fuerza. No se trata, como bien se ha señalado, de que haya estado o se encuentre en este momento o que esté en marcha un plan de desestabilización institucional de corte golpista.

Los dirigentes sindicales han hablado con claridad sobre el punto. No se trata de un golpe de Estado, ni siquiera un amago del mismo. Lo que ha estado y está en juego es una situación de hecho destinada a ponerle condiciones, espesas, severas condiciones, al ejercicio de la autoridad democrática.

Y, del mismo modo que el Poder Ejecutivo actuó con la celeridad que correspondía ante errores inaceptables cometidos por el comandante en jefe del Ejército, del mismo modo se hizo imprescindible una acción rápida y enérgica para decir NO al desborde patronal. Con serenidad y con el respaldo de la ley. En defensa de principios que van más allá de esta administración. *