Intrusos delincuentes

Está a estudio del Parlamento un proyecto de ley por el que se tipifica como delito la ocupación de viviendas. Se aduce fundamentalmente que tal práctica perjudica a los propietarios de casas en balnearios como Punta del Este y sus alrededores, donde dichas viviendas sólo son usadas por sus dueños dos meses por año y quedan vacías durante los diez restantes.

De acuerdo con una información aparecida ayer en El País, «ocupar una vivienda será delito siempre, una vez que reciba sanción legislativa un proyecto acordado entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento.

La particular situación del departamento de Maldonado, donde casi el 70% de las viviendas están deshabitadas durante diez de los doce meses del año, sumado al aumento de la marginalidad en varios departamentos del país, llevaron a los legisladores de todos los partidos a plantear una modificación del Código Penal tipificando como delito la usurpación de bienes inmuebles.

(…) Cardoso explicó en la Comisión que la modificación se hacía necesaria debido a las dudas de las sedes judiciales respecto al concepto de usurpación, en tanto se consideraba que había cierto vacío legal. El problema radica en la interpretación que se le da cuando las ocupaciones de fincas o predios no se hacen mediante violencia o engaño». Siempre según la crónica de El País, algunos legisladores oficialistas exhibieron sus reparos pero se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa, ya que reconocen que si bien es un problema nacional, en departamentos que se han desarrollado en base al turismo y la inversión extranjera el problema adquiere otra dimensión.

Hasta ahora, sólo cometían delito, esto es un acto castigado por la ley penal, aquellos que mediante engaño o violencia ocupaban una finca; en los otros casos, ocupaciones fortuitas, las clásicas ocupaciones pacíficas de tierras o de casas vacías en ausencia de sus propietarios, ese hecho no configuraba figura delictiva alguna, y los ocupantes precarios podían ser desalojados mas no eran pasibles de recibir sanción penal alguna. Ahora parece que se ha variado el criterio y el proyecto apunta a castigar a todo ocupante precario, seguramente como forma de disuadir a todo aquel individuo sin techo a cobijarse bajo uno ajeno aunque la vivienda esté desocupada.

Es explicable la inquietud de los gobernantes por salvaguardar el derecho de propiedad amenazado o vulnerado por desharrapados impresentables. Es explicable el afán por proteger a los veraneantes de los intrusos indeseables, de manera que al desembarcar con sus bártulos para gozar de un merecido descanso estival a orillas del Atlántico, los turistas extranjeros no se encuentren con la desagradable sorpresa de ver su coqueta mansión invadida por marginales mal entrazados. Debemos no sólo fomentar las inversiones sino, también, dar seguridad y proteger a los inversores bienhechores.

En fin, hablando en serio, comprendo la preocupación de las autoridades, pero no puedo dejar de pensar en los innumerables compatriotas para quienes no se cumple el artículo 45 de la Constitución («Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa») mientras un puñado de privilegiados se da el lujo de tener –además de su vivienda permanente– otra que sólo usa uno o dos meses al año.

Estos últimos gozan de ese derecho por partida doble… *