Firme defensa de los principios constitucionales

Ayer jueves, en horas de la mañana, la ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berrutti, en acuerdo con el Presidente de la República decidió relevar al comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz. El jerarca castrense había proyectado una serie de reuniones con líderes políticos de los partidos tradicionales. De esas entrevistas sólo se realizó la primera, cuando el jueves por la noche Díaz se reunió en su residencia particular con el ex presidente doctor Julio María Sanguinetti.

Las reuniones habían sido hechas públicas en la edición de ayer del semanario Búsqueda pero, de acuerdo con la información divulgada posteriormente, el general Díaz no había solicitado autorización a sus superiores, ni siquiera los había informado de las reuniones programadas con dirigentes políticos.

Ante esto, el mando superior que la Constitución de la República establece para las Fuerzas Armadas, compuesto por la ministra de Defensa Nacional y el Presidente de la República, decidió el relevo de Díaz de la comandancia del Ejército. De acuerdo con la información oficial, el puesto será desempeñado, en forma provisoria, por el general Manuel Saavedra, el oficial superior con mayor antigüedad.

El trámite seguido por las autoridades de gobierno recorrió las vías legales y constitucionales previstas. Salvo la evidencia de la firmeza con que se actuó por parte del gobierno, el episodio no tiene ninguna particularidad digna de mención.

Lo que resulta insólito es que un alto funcionario militar desconozca las normas que lo inhabilitan para la realización de actividades políticas como la emprendida. Idéntica reflexión se puede realizar en relación a la actitud asumida por dos dirigentes políticos experimentados –en cuyas trayectorias políticas no han dado muestras precisamente de ingenuidad– como Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau.

Ambas personalidades no pueden menos que conocer al dedillo las normas legales que regulan el delicado terreno de las relaciones entre el área de la acción política y las limitaciones que, en este terreno, tienen los funcionarios militares.

Las connotaciones del episodio son transparentes. El país vive un momento singular. Desde fuentes militares, con más precisión del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se ha sostenido que, en un vuelo procedente de Argentina, se habían trasladado a una veintena de ciudadanos uruguayos a dependencias de la fuerza de tierra.

Las revelaciones del comandante Bonelli abrieron un capítulo hasta ahora oculto en la historia de la represión política durante la dictadura.

A partir de ese testimonio procedente del alto mando de la aviación, el Ejército nacional tiene sobre sí la delicada responsabilidad de brindar una información que dé cuenta del destino sufrido por los ciudadanos secuestrados en Argentina y trasladados posteriormente a nuestro país.

Hasta el momento, la jerarquía del Ejército no ha terminado de elaborar la información que se había comprometido a brindar ante las autoridades nacionales.

A partir de ese contexto vale la pena analizar la decisión del comandante Díaz de reunirse con los dirigentes de los partidos de la oposición. Dirigentes políticos que –conviene no olvidar– se encuentran en plena campaña contra el gobierno.

Justamente, uno de los tópicos en los que insisten los dirigentes de la oposición, jefes de partidos en campaña contra el gobierno, atañe a las cuestiones militares y se basa, entre otras cosas, en su defensa activa de la impunidad.

El gobierno ha actuado con firmeza y absoluta transparencia. Las normas tienen que ser preservadas y tienen sentido si se aplican cuando las circunstancias lo exigen. Tal es la situación actual. *