La desregulación laboral y las pasividades

Los jubilados y pensionistas de este país sufrieron durante muchos años un proceso de deterioro en sus remuneraciones.

El primer gobierno del doctor Sanguinetti prosiguió en este tema con la misma política de sus antecesores y aplicó la vigencia plena del Acta Institucional N° 9 que había sido sancionada el 23 de octubre de 1979.

Entre las restricciones al sistema impuesto por la ex Dirección General de la Seguridad Social estuvieron la prima por edad y la quita de la retribución de fin de año a los jubilados y pensionistas. Aunque esto último se mantuvo hasta 1982, el propio gobierno de facto lo eliminó de hecho en el año indicado y el gobierno entrante en marzo de 1985 siguió con la misma medida.

Los pasivos se dieron cuenta que había que hacer algo para que, en muchos casos, la indigencia no llegara con el otoño de la vida y que los males naturales que acompañan la carga de los años, no se agravaran con el peso de la política económica que se aplicaba con dureza a los sectores más sumergidos. Nació así la idea de la reforma de la Constitución que con un masivo apoyo de la ciudadanía en noviembre de 1989, cristalizó en la modificación del artículo 67 de la carta magna.

Se estableció allí que los ajustes a los pasivos se harían en la oportunidad en que también se hiciera con los funcionarios públicos, lo que estaba previsto por ley y aplicando como referencia el Índice Medio de Salarios, que se estimó era un método que aseguraba que las jubilaciones y pensiones no perderían poder de compra luego de cada ajuste. Pero el sistema de seguridad social es considerado importante en las decisiones políticas cuando de restricciones se habla y por lo tanto siempre está presente en el ideario económico, aunque no se le nombre. Una muestra de ello es la Ley 16.903 de 31 de diciembre de 1997, que modificó los períodos de ajuste de las pasividades, al condicionar los plazos de adecuación salarial a los funcionarios públicos, modificando lo establecido en la Ley 15809.

El Indice Medio Salarial fue una buena referencia de adecuación de los ajustes hasta 1999, pero ya no lo es hoy.

Es que el mencionado índice ha comenzado a reflejar desde hace ya un tiempo la rebaja salarial, fruto de la afanosa desregulación laboral en que está empeñado el gobierno.

Y aunque se aplica en forma directa contra los trabajadores en actividad, se refleja en los destinatarios de la aplicación de ese índice, que son los jubilados y pensionistas.

No debemos olvidar que el resultado del IMS es el método de promediar los aumentos de la masa salarial que perciben trabajadores públicos y privados.

Durante 1998, el aumento del IMS fue de 10,4 % en tanto que el IPC (Indice de Precios al Consumo) fue de 8,63 %. Durante 1999 el IMS fue 5,2 en los 12 meses, en tanto el IPC llegó a 4,17%. Durante este año y hasta el mes de julio, el IMS llegó a 2,03 %, en tanto el IPC ya está en 3,14%, lo que equivale a decir que el Indice de Precios al Consumo subió en los primeros siete meses del año 55% más que el Indice Medio de Salarios. Por lo tanto debemos concluir que los jubilados y pensionistas están perdiendo más de la mitad del poder de compra con respecto a la inflación de este año 2000.

Esta referencia debe unirse al hecho de que el SMN, fijado hoy en $ 1.060, significa solamente el 33,40 % del que debería ser, si tomamos como base su vigencia desde 1970 y de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística. Como consecuencia, las leyes previsionales vigentes, garantizan jubilaciones de $ 901,00, que es el resultado del 85% del actual SMN.

La propuesta reciente del gobierno es profundizar la desregulación y ello implica también la rebaja salarial, lo que agudizará seguramente las diferencias que ya hoy existen entre los dos índices.

El resultado será seguramente seguir perdiendo poder de compra con las percepciones de jubilaciones y pensiones. Lo que en un momento fue una herramienta idónea para el mantenimiento del poder adquisitivo, hoy ya no lo es y por lo tanto hay que pensar que hacer.

El gobierno ha influido notablemente para que hoy se tengan estos resultados. La primera medida fue la sanción de la antedicha Ley 16.903, dilatando los períodos de ajuste, la segunda es la desregulación laboral con la afectación de salarios.

Es bueno que los jubilados y pensionistas de este país tomen conciencia de esta situación. Seguramente las organizaciones sociales la tendrán presente y por lo tanto deberán discutir cuales son los caminos a seguir. Lo que sí podemos afirmar es que vamos a realizar el esfuerzo en recuperar las herramientas que le den la tranquilidad a la gente desde el lugar donde ella está y con esa propia gente.

* Representante de los jubilados en el Directorio del BPS