Treinta años del segundo vuelo

El pasado miércoles 23 de agosto, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el delegado del gobierno ante la misma, secretario de la Presidencia doctor Gonzalo Fernández, realizó una afirmación trascendental, característica de los nuevos tiempos que en el país soplan en materia de Derechos Humanos.

De acuerdo con lo expresado por el representante del Poder Ejecutivo en la reunión del 23 de agosto con parlamentarios, «las personas que fueron trasladadas desde Argentina hacia Uruguay en el denominado ‘segundo vuelo’ de 1976, y que todas están desaparecidas, todas fueron ejecutadas luego de haber sido trasladadas hacia el Batallón de Infantería Nº 13 del Ejército.

Se retomaban de este modo los términos de una investigación periodística realizada por Roger Rodríguez y sostenida en solitario por LA REPUBLICA durante mucho tiempo.

Con posterioridad a estas denuncias, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, teniente general Enrique Bonelli, confirmó, en agosto de 2005, que efectivamente ese traslado había sido realizado.

De acuerdo con la misma fuente, en las actas de la mencionada comisión parlamentaria, «entre 21 y 22 personas fueron trasladadas de Argentina a Uruguay (…) Inicialmente fueron derivadas a Infantería 13 (conocido como «el infierno» o 300 Carlos), y luego fueron ejecutadas. Según se expresó el gobierno se halla tratando de determinar la identidad de esas personas.

Con posterioridad se anunció que el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, estaba abocado a la realización de un informe acerca del destino de los detenidos desaparecidos que la Fuerza Aérea había puesto en manos del Ejército el 5 octubre de 1976.

La información aportada es sin duda relevante. En nuestro país –hasta ahora– se habían reconocido oficialmente alrededor de 26 ciudadanos desaparecidos. Con el número de presos trasladados en el segundo vuelo esa cifra prácticamente se duplica.

Han pasado 30 años de esos luctuosos episodios. Los familiares y compañeros de las víctimas nada han sabido, hasta ahora, sobre qué fue lo que ocurrió en nuestro país con los hombres y mujeres secuestrados en Argentina en aquel período sombrío de la historia del país.

El silencio hermético que reinó durante decenios se ha quebrado y la ciudadanía empieza a tomar contacto con relatos y verdades celosamente guardadas o deformadas, durante tanto tiempo.

Los brazos ejecutores principales de aquellas violaciones a los derechos humanos se encuentran actualmente procesados por la Justicia ordinaria, tras una sentencia histórica realizada por el juez Luis Charles, a partir de la solicitud de la prestigiosa fiscal doctora Mirtha Guianze.

Sobre aquellos temas de la represión durante la dictadura, que parecían tabú entre lo tabú, ahora se tienen versiones detalladas y, por primera vez, el reconocimiento de los oficiales acusados.

En el marco de los nuevos tiempos, no todo es idílico ni el camino de la justicia resulta alfombrado de pétalos. Existen presiones, negativas, maniobras periodísticas y movimientos de quienes no han entendido que los tiempos de la impunidad se han terminado.

La acción de los magistrados sobre este y sobre otros episodios se ha echado a andar. Nuevas comparecencias y testimonios irán dando mayor consistencia a las actuaciones fiscales. La verdad se abre paso, de la mano de la acción de la Justicia.

Sólo a partir de transitar ese camino, el país se reencontrará con la vigencia plena de sus instituciones. La convivencia civilizada recobrará su lugar en la fisonomía del país y asegurará la credibilidad de las instituciones dañadas por la dictadura y por los gobiernos democráticos que se revelaron como incapaces de llevar adelante las determinaciones que establece la Constitución de la República, las leyes y los tratados internacionales firmados por el país y que lo obligan con la misma fuerza que su propia legislación interior. *