Métodos caciquiles en Maldonado

Carlos Bouzas

En el mes de enero de este año, la Mesa Política del Frente Amplio de Maldonado me designó coordinador del equipo que elaboró el Programa de Gobierno en el Departamento, de cara a las elecciones departamentales que se celebraron en mayo último. La propuesta partió del candidato del EP-FA, diputado Darío Pérez. A Raíz de esa resolución volví a tomar contacto con el contador Oscar Torielli, a quien había conocido en los años setenta, en el gremio bancario.

Torielli, funcionario municipal en Maldonado desde 1980, cuando se graduó como contador público, se desempeñaba en ese momento como Director de la IMM a cargo de la Auditoría. A esa jerarquía accedió por su título, sus conocimientos y dedicación, al cabo de una carrera administrativa de veinte años. Sus aportes fueron sumamente útiles para la elaboración de las propuestas que el EP-FA puso a consideración de la ciudadanía maldonadense. Su colaboración se dio en el libre juego democrático que debe regir las relaciones políticas, aportando experiencia, sin descuidar el fiel cumplimiento de sus obligaciones funcionales.

El resultado electoral no ratificó al EP-FA como la primera fuerza política departamental, tal como había ocurrido en el mes de octubre, aunque el Dr. Darío Pérez fue, por amplísimo margen, el candidato preferido por los ciudadanos.

Muchas de las propuestas contenidas en el programa de gobierno elaborado serán recogidas por el gobierno departamental electo, a juzgar por los anuncios que viene haciendo el nuevo Intendente. Ese reconocimiento tácito, demuestra la seriedad y el acierto de los postulados propuestos. Queda por saber, si esos anuncios se concretarán.

Los hechos indican que cuando el contador Torielli retornó a su trabajo, a la vuelta de una licencia, se encontró con que la Dirección suya había sido disuelta asignándole la mayoría de los cometidos a una nueva Dirección recién creada, que se habían redistribuido sus colaboradores, lo mismo que el mobiliario y la computadora de su oficina. El sueldo se redujo a la mitad. Y hasta la fecha nadie se ha preocupado de comunicarle sus nuevos cometidos, su dependencia jerárquica, ni los motivos que determinaron tan drástica resolución del nuevo Intendente. Considero que estamos frente a un atropello a lo bestia, partiendo de la base de que se puede actuar con total impunidad, pasando por encima de las mínimas normas implícitas en el funcionamiento democrático de la sociedad.

Vale la pena comparar este procedimiento con otro similar, aunque encarado de manera absolutamente distinta, acaecido en la Intendencia de Montevideo.

Cuando el Partido Nacional designó al ingeniero Ruperto Long candidato único para aspirar a la máxima jerarquía municipal de Montevideo, su señora esposa ocupaba el cargo de Directora de Vialidad de la comuna capitalina, cargo político de particular confianza. Como era de esperar, la señora Susana Galli participó activamente en la campaña electoral de su esposo. Esto dio lugar a que algunos dirigentes del Partido Nacional especularan con la posibilidad de que el Intendente retirara la confianza a la Directora de Vialidad y le solicitara la renuncia. De estas especulaciones se hizo eco la prensa con mucha difusión y preocupación. Hoy sabemos que tal cosa no sólo no ocurrió, sino que al designarse el nuevo equipo municipal, la señora Susana Galli, fue distinguida nuevamente con el mismo cargo.

Creo que los hechos hablan por sí solos. Sin embargo, vale la pena realizar algunas reflexiones.

Está muy bien que se analicen y revisen con microscopio las actuaciones de los gobernantes para detectar abuso de poder, corrupción, o desviación de sus cometidos específicos. La posición de privilegio que ocupan, en lo que al manejo de los bienes de todos refiere, justifica que sus actos sean analizados con mayor severidad que los de los ciudadanos de a pie.

No está muy bien que la severidad se aplique con criterio político partidario, acentuando las exigencias o haciendo la vista gorda, según se trate de adversarios o correligionarios, de gobernantes por los que se sienta simpatía o sean contrarios a las preferencias del medio de prensa.

El atropello indigno que está soportando el contador Torielli tiene todos los visos de ser un ajuste de cuentas, una venganza política, amparándose en el desempeño del poder arbitrariamente, en medio de una orgía de designaciones de jerarcas para pagar favores políticos.

Creo que debería adoptarse una decisión firme denunciando esta mala práctica y exigiendo su revocación.

* Militante del FA