La reducción del precio de los combustibles

En varias ocasiones desde estas páginas afirmamos que, como un camino idóneo para emprender una incipiente reactivación, aparecía como necesaria la rebaja de los combustibles. Ahora el gobierno, en una modificación más que evidente de su política de precios, redujo de manera significativa este necesario elemento para movilizar la economía, como un lógico resultado de la caída internacional del precio del petróleo.

¿Por qué decimos que hubo una modificación en la política oficial? Lo afirmamos porque en ocasiones anteriores, y no hablamos de lo ocurrido durante la actual administración del doctor Tabaré Vázquez, la «tajada» impositiva que obtenía Rentas Generales por las gabelas que se extraen de los combustibles, provocaban resistencias para cualquier reducción de precios.

En una sola ocasión anterior, cuando ocupaba el Ministerio de Industria y Energía Pedro Bordaberry, se produjo un pequeño descenso de los precios que, según cuenta el ex funcionario, fue una medida que «no le fue perdonada» por el ministro de Economía de la época ni por otros «teóricos» neoliberales, que hablaban de la libertad del mercado, pero que en los hechos siempre practicaron el peor estatismo, fagocitando al máximo los dineros de todos.

El efecto, en aquella oportunidad, cuando existía un sobrestock de naftas fue que mejoró sensiblemente el consumo, incluso un poco más allá del nivel de la rebaja, en un sorprendente efecto combinado en el cual factores psicológicos influyeron en las alternativas del proceso.

Sin embargo, el afán fiscalista impidió en adelante que se mantuviera esa política de reducción de precios. Históricamente luego de aquella, concretada durante el último gobierno colorado, recién han aparecido otras rebajas que son las que han sido aplicadas en esta etapa, en razón   objetiva   de que los precios del petróleo se han reducido y siguen cayendo, previendo los analistas que el piso del barril de petróleo se situará entre 50 y 55 dólares, lo que determinaría, de mantenerse la misma política por parte de Ancap y del Poder Ejecutivo, otra rebaja.

Es evidente que en una economía en crecimiento, como es la que vive Uruguay en esta etapa, a lo que se suma esta baja de los precios de los combustibles, servirá para reactivar la economía y, evitar, por la vía de un mayor consumo, que Ancap deba seguir exportando excedentes de naftas a precios ruinosos.

Lo que resta, parece evidente, es realizar una política de compensación de precios, para la que ya existen algunas propuestas, con el fin de reducir los precios del combustible que se utilizan en la producción que debería, por razones obvias, tener un costo mucho más acorde con las necesidades del desarrollo nacional. Lo que ocurre, concretamente en torno al gasoil, es que las malas políticas llevaron a que en el país   por el precio excesivamente alto de las naftas   los particulares se volcaran a vehículos de paseo que consumen ese combustible menos refinado que siempre tuvo un precio más bajo, distorsionando así la producción de Ancap y provocando la superabundancia de combustibles «livianos» y carencia de los llamados «pesados» que, en ocasiones, debieron importarse.

Es muy difícil en un decreto o una ley modificar un estado de cosas que se remonta a la aplicación durante años de malas políticas que llevaron a la superabundancia de vehículos a gasoil. Sin embargo, ¿qué hacer?, porque ese es un dato de la realidad y no se debiera hoy castigar con precios más onerosos del combustible a los mismos, sino impedir, en base a una adecuada política impositiva, que estos vehículos sigan proliferando, dejando de ser como hasta hoy económicamente tan accesibles como los nafteros, pero que luego se conviertan, vía consumo de combustible, en mucho más económicos.

Hay que afinar las cuentas, barajar las diversas posibilidades y en un marco de justicia, reducir de manera sustancial el peso de los productos que comercializan las empresas públicas. Ese sería un primer paso para la necesaria reestructuración que debe desembocar, eso sí, en una sustancial reforma del Estado. *