¿En qué consiste un "estado del alma" que ampara a la impunidad?

Si, como se ha anunciado, el Presidente de la República da su aprobación a las tesis elaboradas por los militares en el Ministerio de Defensa Nacional y se rechaza el pedido de informes enviado por el fiscal argentino Miguel Angel Osorio, el país habrá atravesado una frontera simbólica.

La frontera que pareció haberse trazado entre el pasado de impunidad irrestricta, cuya expresión más visible ha sido Julio María Sanguinetti y el presente, se decía, alumbrado por un nuevo «estado del alma» que abriría en el país el camino para la reconciliación.

El exhorto del jurista argentino se basa en la necesidad de determinar la responsabilidad de funcionarios militares uruguayos en la ejecución de crímenes en la Argentina, en los parámetros de lo que los militares llamaron en su momento el Plan Cóndor.

Crímenes que, de acuerdo a los Convenios suscritos por Argentina (y por Uruguay) asumieron la forma de la desaparición forzada de personas y que son por eso de carácter permanente.

La importancia de esta calificación, «desaparición de personas» es clave. Y nuestras autoridades se empeñan en negarlo.

Si hay una decisión trascendente en la jurisprudencia chilena contemporánea, con resonancias en toda América Latina, es la de la Suprema Corte de Justicia confirmando la privación de los fueros parlamentarios al general Pinochet.

Y la Suprema Corte de Chile se basó, justamente, no en los miles de casos de homicidio perpetrados con la responsabilidad directa o indirecta de Pinochet sino en los 19 casos de desapariciones sustanciadas en el episodio conocido como caravana de la muerte.

El Presidente Batlle tendría que meditar sobre este asunto de la privación de los fueros a Pinochet.

Como abogado que es.

Y también como político.

No debiera perder de vista que esta causa contra Pinochet por la desaparición de personas ha encontrado, en estos días, un nuevo e inesperado admirador, un nuevo y reciente defensor de los derechos humanos que se distancia de apuro de Pinochet.

Se trata nada menos que de Julio María Sanguinetti.

En un editorial publicado ayer en El País de Madrid, donde no lo leen sus amigos y electores del antimarxismo ululante, Sanguinetti celebra con alborozo lo que llama la despinochetización de Chile.

Nuestro ex primer mandatario se congratula de la acción de gobierno del presidente Lagos, que deja en claro, dice Sanguinetti, «dónde están las obediencias debidas» y se gratifica con «un Chile que mostró su institucionalidad desaforándolo», a Pinochet.

(¿Quién había dicho que nuestro ex presidente era un «adorador de los hechos consumados»?)

Mientras eso se dice en Madrid, desde el Ministerio de Defensa, el sanguinettista al frente de la cartera invoca la Ley de Caducidad para negar la información que solicita la justicia argentina.

Se pierde de vista de este modo que al impedir el juicio en Uruguay, dada la índole de los crímenes (no prescriben, son crímenes contra la humanidad) ese hecho habilita la posibilidad de que los imputados sean juzgados en otro país.

Como ha señalado recientemente el fiscal español Carlos Castresana, «los autores de tales crímenes son enemigos de toda la humanidad, y todas las naciones tienen el mismo interés en su detención y castigo».