Todos iguales ante la Ley

Los hechos de violencia política ocurridos antes de la dictadura los juzgaron tribunales militares en el marco de la Ley 14.072 de «Seguridad del Estado». Miles de ciudadanos

desfilaron ante los rostros de recordados personajes como el Coronel Silva Ledesma, catedrático de derecho en una Facultad intervenida por los usurpadores del poder. Esa norma votada en el estado de derecho de entonces, -hablamos de abril de 1972- por las mayorías blancas y coloradas estableció figuras jurídicas innovativas y la sujeción de civiles a jueces dependientes de un Comandante en Jefe de fuerza.

Gran parte de los presos y presas políticos lo fueron de conciencia e igual se les aplicó este aberrante corsé jurídico . A otros ciudadanos como Julio Castro, Fernando Miranda o Vladimir Roslik simplemente se les secuestró, asesinó y desapareció. Un cuarto de siglo más tarde en el seno del mismo Parlamento nacional idénticos inspiradores blanqui – colorados de la anterior normativa plasmaron y aprobaron la mal parida ley 15. 848 de «Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», viciada de nulidad «ab initio» por ser esta manifiestamente inconstitucional y violar el Artículo 8º de la Constitución de la República.

Y del derecho corresponde muy lamentablemente pasar a especies que en las últimas horas y días se han ventilado públicamente haciendo alusión a la supuesta concreción de pactos espurios entre el actual mando del Ejército y los ya procesados ciudadanos vinculados a delitos de «lesa humanidad», para lograr que los uniformados militares y policías fueran juzgados en el Uruguay , a cambio de confesar sus delitos.

Esas historias de poderes fácticos que operan en las sombras nos retrotraen a los prolegómenos de la transición democrática cuando circulaban versiones de supuestas y secretas reuniones que connotados operadores políticos podrían haber mantenido aisladamente durante 1983 y 1984 con el entonces comandante en jefe de la fuerza de tierra, las cuales habrían determinado los requisitos «sine qua non» y los candidatos para las elecciones del último domingo de noviembre de 1984, blindando la no revisión de aberrantes prácticas criminales y «operaciones zanahorias» de remoción de predios militares y de que de esa forma el «Pacto del Club Naval» se transformaría tan solo en una formalidad ante la opinión pública destinada a demostrar un acuerdo sobre la transición del gobierno de facto hacia una democracia tutelada por la «máquina del miedo» y los infranquebles «coffres fort» del general Hugo Medina.

¿Puede haber existido algo tan sórdido?… Cuesta y dolería mucho creerlo y asumirlo.

La mediática reacción del coronel (r) Gilberto Vázquez no deja sin embargo de sorprendernos y el lamentable suicidio del coronel (r) Rodríguez Buratti -dicho esto con el mayor respeto hacia sus deudos-, quien podría haber aportado mayores elementos de prueba a la Justicia, se lleva datos muy precisos sobre el paradero de la desaparecida María Claudia Irureta García de Gelman y del destino de otras víctimas.

Los orientales no estamos para venganzas. Artigas, nuestro bendito Padre y Jefe, luego de la Batalla de las Piedras, un 18 de mayo de 1811, día fundacional del Ejército, pidió «clemencia para los vencidos». Nosotros, defensores a ultranza de los derechos humanos, decimos que no avalaremos jamás juicios a las instituciones armadas en su conjunto. Separemos las aguas de quienes vistiendo el uniforme de la patria, fueron, son y serán siempre fieles a la Constitución y la ley, de aquellos individuos involucrados en hechos repulsivos para el género humano. En el presente y en el legítimo uso de sus potestades como primer mandatario el Dr. Tabaré Vázquez determina hoy cuál es el alcance del artículo 4º de la Ley de Caducidad, a efectos de que la Justicia uruguaya pueda hacer su trabajo.

Hace un tiempo señalábamos de las consecuencias vinculadas al hecho de que si nuestros magistrados no investigaban y juzgaban los graves sucesos cometidos por ciudadanos procesados ya por el juez Luis Charles, entre muchos otros el pasado 11-9 y hacían lo propio con civiles detentadores del poder de facto, otros jueces, de otras latitudes harían llegar el brazo de la ley a nuestras costas cruzando el Río de la Plata y llamando a la puerta de nuestra Suprema Corte de Justicia.

Finalmente más allá de todas estas hipótesis y rumores que anteceden, de la «guerra psicopolítica», de linchamientos o de escarnio hacia las fuerzas armadas de la República Oriental del Uruguay que los nostálgicos del Golpe de Estado del 73 pretenden representar, lo cual no es así ni por asomo ya que hoy los uniformados activos están actuando con absoluto apego al mandato constitucional, decimos que hoy en esta nación democrática y republicana lo único real y no surrealista es la voz del expediente judicial que ha hablado con meridiana claridad de las responsabilidades que les cupieron a estos ciudadanos. Es un fallo judicial y es la verdad haciéndose carne. No se comenta, se cumple, pues todos los ciudadanos, civiles o uniformados somos iguales ante la ley. Así funciona el Estado de Derecho. *